Vox se querella contra Pedro Sánchez por acusar al juez del caso Begoña Gómez de prevaricación

Vox ha anunciado que interpondrá una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro Félix Bolaños y contra el abogado general del Estado después de las acciones penales que Pedro Sánchez puso en marcha contra el juez Juan Carlos Peinado por un delito de prevaricación, según ha adelantado EFE.

En el partido de Santiago Abascal, que participa como acusación popular en la investigación judicial a la mujer de Sánchez, consideran que “Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal” y recalcan que “la última ha sido la Abogacía del Estado, que ha presentado una querella contra el Juez Peinado en nombre de Pedro Sánchez”. En su opinión, esto supone “un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia”.

“Sólo Vox seguirá haciendo todo lo posible para hacerle frente”, han asegurado en un mensaje en X, antes Twitter. En esta misma red social ha anunciado ‘Hazte Oír’, otras de las acusaciones en el caso, que también han presentado una querella contra el presidente por malversación.

“Esta actuación se enmarca en el contexto de una creciente injerencia del querellado en las distintas instituciones del Estado, llevando a cabo conductas que parecen traducirse en la frase ‘El Gobierno soy yo’. La realidad es bien diferente, quedando las instituciones y fondos públicos sujetos a los fines de utilidad pública que les son propios, y no al servicio de intereses y caprichos puramente particulares”, explica la organización.

Este martes el partido de ultraderecha ya había pedido al Congreso de los Diputados la documentación “previa y necesaria” relativa a la autorización expresa por parte del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que, según la formación de Santiago Abascal debe otorgar, para la interposición de la querella por parte de la Abogacía del Estado contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencia, según informó Europa Press.

El Grupo Parlamentario solicitó en un documento enviado al Congreso, la autorización expresa por parte del Ministerio de la Presidencia y el informe previo de la Dirección General de lo Contencioso, amparándose en la ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado, así como que se faciliten “todos los demás informes y documentos que formen parte de dicho procedimiento”.

La querella de Sánchez se dio a conocer después de que éste se presentara como testigo en el juicio, pero ejerciera su derecho a no declarar y en ella se argumenta que las decisiones de Peinado, en particular las resoluciones del 1 y 19 de julio, carecen de la especificidad necesaria y sobrepasan las garantías procesales debidas a miembros de alto rango del Gobierno, conforme al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El abogado del Estado señala que las decisiones judiciales tomadas por Peinado en este caso son “injustas” y acusa al magistrado de prevaricación, delito regulado en el artículo 446 del Código Penal. Este artículo contempla diversas penas para los jueces que dicten sentencias o resoluciones injustas a sabiendas, incluyendo la inhabilitación y multas.

La querella resalta que no pretende atacar al Poder Judicial, sino salvaguardar el correcto funcionamiento institucional frente a lo que consideran un ejercicio arbitrario por parte del juez Peinado. La Abogacía del Estado solicita al tribunal que admita la querella y realice una serie de diligencias, como la obtención de copias autenticadas de las resoluciones impugnadas y la convocatoria para declarar al magistrado sustituto.