El preacuerdo para investir a Illa no solo sacude al PSOE: los socios de Sánchez amagan con torpedear la nueva financiación catalana

Cuando el cuartel general del PSOE asumió el concepto de “financiación singular” de Cataluña fueron varias las federaciones del partido que se echaron las manos a la cabeza y advirtieron de que este debate debe darse en el ámbito multilateral. Más de un mes después y tras el preacuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa en Cataluña, dirigentes críticos con Pedro Sánchez, como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón) pusieron voz al descontento compartido entre varias federaciones socialistas en torno a la cuestión de la financiación recogida en el pacto.

Más allá de la oposición frontal expresada por Génova y las comunidades autónomas del PP que forman parte del régimen común (lo componen todas las autonomías, a excepción del País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema de financiación diferente), el pacto no ha sido plato de buen gusto en las filas socialistas. Más aún cuando el sistema de financiación lleva caducado desde 2013.

Tampoco fuera del partido, ya que varios aliados parlamentarios del Gobierno de coalición no garantizan su apoyo a una eventual reforma de la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), lo que pondría en riesgo que las medidas incluidas en el acuerdo reciban luz verde en el Congreso y, por ende, se lleven a cabo. En concreto, según ha dado a conocer ERC, se concedería a Cataluña un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común y con una cuota de solidaridad interterritorial.

Sin entrar a valorar los detalles del pacto, el Gobierno mostró su “satisfacción” por el preacuerdo, y Ferraz lo respaldó “plenamente” y se comprometió a “hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación”, según apuntaron fuentes del PSOE después de la resolución aprobada este martes en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal.

Si bien, además de las quejas de los líderes de Castilla-La Mancha y Aragón, que Moncloa ignoró, representantes territoriales de otras federaciones mostraron sus reticencias en las últimas horas. El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, advirtió de que no aceptará el acuerdo si genera “desigualdad”, ya que supondría “fallar al conjunto de los españoles”. La alcaldesa socialista de Palencia, Miriam Andrés, también puso el foco en “la redistribución y solidaridad entre territorios”. “No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea”, apuntó en un mensaje en la red social X.

Desde la federación madrileña liderada por Juan Lobato ponen el foco en la necesidad de que Hacienda siga operando en Cataluña por una cuestión “técnica y de gestión”. “No es sencillo”, apuntan fuentes de esta organización. Frente a estas valoraciones y además del silencio decretado en otras federaciones, el líder del PSOE andaluz y portavoz del partido en el Senado, Juan Espadas, fue prudente a la hora de opinar sobre el pacto. “Es evidente que si el Gobierno de España ha avalado los términos de ese preacuerdo, yo en principio tengo plena confianza en que se va a cumplir el compromiso principal de que el interés general esté preservado, el de todos los territorios de España y el de Andalucía”, aseveró el dirigente sevillano.

A falta de aterrizar la propuesta en un texto legislativo, en virtud de los detalles trasladados por ERC, todo apunta a que la financiación singular de Cataluña tendrá que pasar por el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta por sí solo. De hecho, Moncloa advertía al inicio de la negociación entre ERC y el PSC de que no podía comprometerse a la aprobación del acuerdo en torno a la financiación. Y es que, fuentes gubernamentales sembraron dudas sobre la posibilidad de que el partido de Carles Puigdemont, “el principal interesado en que haya una repetición electoral”, haga descarrilar un posible pacto en la Cámara Baja.

A la espera de que Junts se pronuncie al respecto, varias formaciones integradas en el grupo parlamentario de Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avisaron de que no apoyarán una reforma de la LOFCA si no se tiene en cuenta la financiación de sus comunidades autónomas. Cabe destacar que, sin el sí de los representantes de estos partidos, el nuevo modelo de financiación para Cataluña caería en saco roto.

Por parte de Compromís, su portavoz en el Congreso, Águeda Micó, tal como advirtió en una entrevista en Infobae España, dejó claro que los dos diputados de formación no darán apoyo a ninguna reforma del sistema de financiación autonómica que no resuelva de forma singular la infrafinanciación que arrastra la Comunidad Valenciana. Esta región es uno de los territorios más infrafinanciados junto a Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha (reciben una financiación efectiva por habitante por debajo del promedio).

Del mismo modo, el diputado de IU por Valencia en el Congreso dentro del grupo Sumar, Nahuel González, exigió una reforma del sistema de financiación que implique una compensación “justa” para la Comunidad Valenciana y que, solo en ese caso, apoyará una eventual reforma en el Congreso.

Por su parte, Jorge Pueyo, diputado de la Chunta Aragonesista en el Congreso aseveró que votará en contra de cualquier sistema de financiación singular para Cataluña. “Que nadie tenga dudas, votaré en contra de cualquier financiación singular mientras no se pongan en marcha las herramientas bilaterales de financiación que figuran en el Estatuto de Aragón”, subrayó.