Los inspectores de Hacienda afirman que el preacuerdo entre ERC y el PSC “revienta la solidaridad fiscal”

La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado ha subrayado esta noche que el preacuerdo entre ERC y el PSC, que contempla “un concierto económico solidario”, supone la ruptura total del sistema y de la solidaridad fiscal. En un mensaje publicado en X (anteriormente y más conocido como Twitter), esta asociación de inspectores de Hacienda ha afirmado sobre el preacuerdo de investidura de Salvador Illa: “La ruptura total del sistema. Una auténtica barbaridad, una verdadera vergüenza. Sánchez revienta la solidaridad fiscal y entrega a ERC su Hacienda”.

Según la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, “este supuesto concierto no está recogido en la Constitución, como sí lo están el vasco y el navarro”, ha apuntado en otra publicación en la red social. A falta de que dé a conocer mañana martes la letra pequeña de su preacuerdo con el PSC, ERC ha ofrecido ya algunos detalles del documento que someterá el viernes a consulta de sus bases y que, si prospera, permitirá la investidura del socialista Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.

La militancia de los republicanos deberá posicionarse este viernes sobre este pacto, que la formación no ha detallado por el momento más allá de señalar que tiene que ver con “un concierto económico solidario” y que en él se “apuesta por la lengua catalana”. El punto más destacado del preacuerdo atañe a la financiación, ya que según ERC se concedería a Cataluña un sistema similar al concierto económico vasco, fuera del régimen común y con una cuota de solidaridad interterritorial, pero también incluye reivindicaciones relacionadas con la lengua y la resolución del “conflicto político” catalán.

Era la principal exigencia de ERC para investir a Illa: un modelo de financiación que permita a la Generalitat disponer de “la llave de la caja”, es decir, el control sobre todos los impuestos y la “soberanía fiscal”.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la propuesta de otorgar a Cataluña un “concierto económico” como el vasco deberá ser validada en el Congreso y necesitará el apoyo de grupos como Junts (este martes el partido de Puigdemont ha convocado una ejecutiva extraordinaria para valorar el texto) o el BNG, además de Sumar.

De hecho, tanto en público como en privado en La Moncloa habían descartado hasta ahora el concierto económico con el argumento de que el nuevo modelo de financiación para Cataluña se desarrollaría “dentro de lo que permita la Constitución y el Estatut”. El propio Illa lo negó tajantemente hace dos meses cuando los republicanos se lo exigieran como condición inexcusable para su investidura: “Hay que tener los pies en el suelo”.

El gobierno de la Generalitat de Cataluña ya presentó el pasado mes de marzo una propuesta para reformar el modelo fiscal de la región, consistente en salir del régimen común en el que se encuentra desde el inicio de la democracia junto con otras 14 comunidades para adoptar una “financiación singular” que es similar al Concierto del País Vasco y al Convenio de Navarra.

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, explicó que sería un modelo de “soberanía fiscal plena” en el que el gobierno regional pasa a recaudar todos los impuestos que se pagan en la comunidad al margen de los locales. Esto incluiría a las grandes figuras tributarias como el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o los impuestos especiales. “Con la aplicación de este nuevo sistema, la Generalitat pasaría de gestionar el 9% al 100% de los impuestos generados en Cataluña, y gozaría de plena capacidad normativa para regularlos”.

Ante esta propuesta, La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ya valoró que se trata de un modelo parcialmente inconstitucional y que supondrá una merma de la eficacia de la lucha contra el fraude. Según la asociación, el planteamiento de Cataluña fraccionaría la Agencia Tributaria (AEAT) y pondría en riesgo la dotación de los cinco fondos de reequilibrio autonómicos existentes y contemplados en la Constitución.

Así lo explicó José María Peláez, inspector de Hacienda y uno de los portavoces de la organización: “Con el marco actual no tendría amparo legal”, fue su postura, citando la propia Constitución, la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), el Estatuto de Autonomía de Cataluña y las distintas normas de desarrollo. En concreto, la postura de los inspectores es que la legalidad actual no permite la cesión de la recaudación de todos los tributos ni pasar a una gestión total autonómica de la fiscalidad, lo que implicaría plena capacidad normativa y órganos propios.

Respecto a la posibilidad de modificar la LOFCA como plantea la Generalitat, Peláez afirmó que “sería inconstitucional porque no se estarían aportando los recursos a los cinco fondos” e “incumpliría los principios de igualdad y solidaridad” fijados en la Constitución. En consecuencia, la pretendida soberanía fiscal de Cataluña “conllevará una sustancial merca de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos”.