La ejecutiva nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) avaló en la tarde del lunes un preacuerdo con el PSC, que acerca a Salvador Illa a su investidura como presidente de la Generalitat. No obstante, este principio de acuerdo no conlleva una garantía de que este proceso negociador se cierre con una investidura exitosa del líder de los socialistas catalanes, ya que la decisión final la tienen los militantes.
Sin duda, será la prueba de fuego más difícil para el partido, que afronta además una grave crisis interna por los últimos batacazos electorales (el pasado 12-M perdió 13 escaños) y el escándalo de los carteles contra los hermanos Maragall (una campaña difamatoria orquestada dentro de las filas del propio partido). En el marco de esta consulta, alrededor de 8.700 personas se pronunciarán este viernes sobre el hito de investir al líder de un partido que no es independentista y que despierta “desconfianza” entre la militancia, según alertó la portavoz de ERC, Raquel Sans.
En las manos de los militantes republicanos está la posibilidad de que Salvador Illa sea presidente de Cataluña. Voces de esta formación recuerdan a Infobae España que el líder del PSC, reconocido a nivel estatal por su responsabilidad como ministro de Sanidad en la peor parte de la pandemia, se manifestaba en pleno procés contra el independentismo en las concentraciones organizadas por la organización españolista y conservadora Sociedad Civil Catalana.
En esas marchas, en las que se coreaba “Puigdemont a prisión”, el dirigente socialista compartió espacio junto a los importantes representantes del PP, como Rafael Hernando, Pablo Casado o Xavier García Albiol, y de Ciudadanos, como Albert Rivera, Inés Arrimadas o Juan Carlos Girauta.
Antes de que la dirección republicana diera a conocer este lunes el preacuerdo con el PSC, algunas voces del partido habían salido ya a decir “no” a Salvador Illa. Entre ellas, la diputada de ERC en el Congreso Pilar Vallugera o el senador republicano Joan Queralt. También, el Col.lectiu Primer d’Octubre, que aglutina a críticos de ERC, se mostró contrario a la investidura del candidato del PSC, ya que Illa “aplicó con devoción la represión contra los políticos independentistas desde el 2017″, reza en un comunicado publicado el pasado viernes.
El blindaje de la nueva financiación catalana
Otro asunto que despierta el recelo en las filas republicanas es la garantía de que el acuerdo se pueda hacer efectivo, especialmente la carpeta de la financiación. Ante el silencio del PSC, Sans explicó este lunes que el preacuerdo con los socialistas prevé que Cataluña salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana pueda “gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos”, incluido el 100% IRPF (salvo los tributos locales), así como la creación de un Departamento de Política Lingüística en el Govern.
Es decir, que la supuesta cesión de impuestos quede blindada y se pueda llevar a cabo. A falta de aterrizar la propuesta en torno a la cesión de las figuras tributarias, su recaudación, cómo y cuándo se llevará a cabo, Moncloa advertía al inicio de la negociación entre ERC y el PSC de que no podía comprometerse a la aprobación del acuerdo en torno a la financiación. Y es que, fuentes gubernamentales recalcaron que Sánchez no tiene una mayoría absoluta y sembraron dudas sobre la posibilidad de que Carles Puigdemont, “el principal interesado en que haya una repetición electoral”, haga descarrilar un posible pacto en la Cámara Baja.
El PSC apostó por descansar la idea de la “financiación singular” de Cataluña en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En concreto, el artículo 204 de este texto legal, dedicado a la Agencia Tributaria de Cataluña, señala que “la gestión, recaudación, liquidación e inspección” de los tributos del Estado recaudados en Cataluña “corresponderá a la Administración Tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Generalitat pueda recibir de éste, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente cuando así lo exija la naturaleza del tributo”.
En este sentido, “para desarrollar lo previsto en el párrafo anterior, se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña”, indica la ley autonómica. Es decir, este organismo mixto sería el encargado de recaudar el 100% de los impuestos en esta comunidad, como apuntaron desde el Ejecutivo.
Sin embargo, esta propuesta siempre ha contado con la oposición frontal de ERC. “Tener la llave de la caja, tener esta soberanía fiscal y recaudar el 100% de los impuestos era un elemento fundamental y lo teníamos que garantizar de forma estructural”, defendió Sans este lunes para justificar el acuerdo, y añadió que ERC tiene la garantía de que se harán las modificaciones legales necesarias para que esta financiación sea vigente independientemente de quien gobierne en el Estado.
Más allá de las dudas que despierta la aplicación del acuerdo, para ERC ha sido importante el cumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos alcanzados con los socialistas. Muchas de las carpetas sobre financiación y traspasos se cerraron la semana pasada, acompañada de una reunión institucional entre Pedro Sánchez y el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.
Además de presidir la firma del convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), acordado en su reunión de diciembre de 2023, ambos dirigentes trataron la firma de diversos acuerdos esta última semana, que “concretan y calendarizan diferentes transferencias y acuerdos pendientes”, entre las que se encuentran, entre otras, el servicio de Rodalies, las becas y ayudas al estudio o las iniciativas de investigación y desarrollo.
Para ERC, estas acciones secundan el paso de la ejecutiva y les da razones de cara a la consulta “vinculante” de la militancia sobre el futuro de ERC. Las bases republicanas, en medio de un contexto político adverso, decidirán si su partido da el paso de investir a Salvador Illa o condena a la política catalana a una repetición electoral con consecuencias políticas incalculables para todos los actores, incluido el Gobierno de coalición.