El peor cara a cara de Sánchez: en Moncloa, con cámaras y una imputación en el aire en un interrogatorio sin precedentes

Pedro Sánchez lo ha intentado por todos los medios, pero este martes no le queda más remedio que sentarse frente a quien se ha convertido en su peor pesadilla: el juez Juan Carlos Peinado. Se produce así el cara a cara más complicado del presidente hasta la fecha. Está llamado a declarar como testigo de la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por un supuesto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y lo hará en persona -se le denegó la petición de hacerlo por escrito por su condición de jefe del Ejecutivo-, con cámaras que graben sus testimonios y en un hecho sin precedentes: nunca antes un presidente del Gobierno en activo ha declarado ante un juez en una investigación todavía en fase de instrucción. Es decir, cuando todavía se trata de averiguar si ha existido un hecho delictivo. Mariano Rajoy lo hizo ya en el propio juicio por la financiación irregular del PP.

El interrogatorio tendrá lugar a las 11.00 horas en el Palacio de la Moncloa. Hasta allí se desplazará el magistrado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid y miembros del servicio informático de la Comunidad de Madrid, que serán los encargados de instalar todos los dispositivos para grabar este interrogatorio. Y tras este acontecimiento que marca la agenda de este martes, todo puede pasar. El juez Peinado ha pisado el acelerador y no sería de sorprender que, dada la evolución que está tomando esta investigación, y pese a que dos informes de la Guardia Civil aseguren que no han hallado ningún delito, se plantee imputar al presidente del Gobierno.

Este proceso no sería fácil. Primero tendría que consultarlo con el Tribunal Supremo, ya que Sánchez está aforado ante este órgano. Peinado tendría que exponer motivos razonados para que el alto tribunal decida si existen indicios para abrir una investigación e imputarle. Y antes de eso, al ser Sánchez diputado del Congreso, tendría que pedir autorización a la Cámara Baja. Si todo esto se cumpliera, cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo no encuentre motivos para imputar al presidente en la causa de su esposa (de hecho, sería a lo que se arriesgaría el magistrado). Pero ocurra o no, solo con la petición de imputación el terremoto político ya habría estallado y tendría graves consecuencias en el Ejecutivo.

No obstante, desde Moncloa no quieren oír hablar de este escenario y solo tienen sus esperanzas depositadas en que esta causa se archive cuanto antes. En el Gobierno y en el PSOE ya tienen la vista puesta en la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene previsto decidir sobre el archivo de la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno el próximo 30 de septiembre. Sin embargo, la defensa de Begoña Gómez solicitó el pasado viernes que dicha deliberación se adelante porque la mujer de Sánchez y el resto de los investigados “están siendo sometidos a una investigación indeterminada, prospectiva y en continuo crecimiento, sin garantías, que está lesionando gravemente su derecho de defensa”. Según el recurso de súplica, esperar hasta finales de septiembre para resolver la apelación afecta “gravemente” al derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución, debido a “las graves violaciones del derecho de defensa” que, según su criterio, está cometiendo el juez con su “errática deriva procesal y material”.

Además de Begoña Gómez, a quien Peinado puso en la diana el pasado 16 de abril, día en el que comenzó la instrucción tras admitir a trámite una denuncia de la organización de extrema derecha Manos Limpias, hay otros dos imputados: el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, cuyo turno de interrogatorio era este lunes. En el caso del primero, su declaración fue suspendida por causas médicas y se aplaza al próximo 1 de agosto. En su declaración como testigo, que se celebró el pasado 15 de julio, aseguró haber mantenido varias reuniones en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez, y que en dos de ellas estuvo presente Sánchez, según explicaron en declaraciones a los medios varias de las acusaciones populares -Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias- que asistieron al interrogatorio.

Por parte de Goyache, el rector defendió este lunes ante el juez que no hubo ninguna irregularidad respecto a la creación de la cátedra que codirige Begoña Gómez y negó que él diese la orden para que ella la codirigiese, tal y como hizo cuando ya fue interrogado como testigo el pasado 5 de julio ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, según fuentes consultadas por Efe. En esta ocasión lo hizo como investigado, después de que el juez Juan Carlos Peinado le imputase por un delito de tráfico de influencias, del que se ha desmarcado abiertamente este lunes

Ya antes de que Sánchez fuera citado a declarar, una pregunta se repetía entre los círculos de periodistas: ¿podría Pedro Sánchez declarar como testigo en un procedimiento sin pasar por el Tribunal Supremo al estar aforado? La respuesta es que las personas aforadas tienen derecho a responder ante la justicia en el alto tribunal sólo cuando se les otorga la condición de investigado, anteriormente denominada como imputado, tal y como adelantó Infobae España.

La respuesta es que las personas aforadas tienen derecho a responder ante la justicia en el alto tribunal sólo cuando se les otorga la condición de investigado, anteriormente denominada como imputado.

Sin embargo, Pedro Sánchez presenta fundamentalmente algunas excepcionalidades a la figura del testigo, obligado a declarar y a decir la verdad. “Lo ampara la ley”, aseguró a este medio el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, de Ospina Abogados. “Aunque “una cosa es lo que la ley permita y otra lo que el pueblo tolera”, agregó. En primer lugar, lo ampara el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que no están obligados a declarar como testigos “los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil”.

No obstante, la norma puntualiza que “el juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas”. Es decir, Pedro Sánchez, como esposo de Begoña Gómez, “podría negarse a declarar” en contra de la investigada, subraya Ospina. Del citado artículo de la LECrim, se desprende que el testigo sí podría ser citado y debería hacer constar su negativa ante el juez.