Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) fijó el 31 de julio como límite para cerrar con los socialistas un acuerdo con el que investir a Salvador Illa (PSC) como president de la Generalitat en el caso de que las bases republicanas lo validaran. El acuerdo, al que ha tenido acceso Infobae España, ha llegado este martes, aunque con puntos que contradicen a lo que hasta ahora había defendido el Gobierno central y el Ministerio de Hacienda en particular. El nuevo modelo de financiamiento de esta comunidad autónoma estará basado “en la negociación bilateral con el Estado”, y será la Generalitat la que “gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados (y generados) en Cataluña” a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. El objetivo es que el acuerdo se formalice durante el primer semestre de 2025.

“No se trata de reformar el modelo de financiamiento común, sino de cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad”, explican en el texto. Sin embargo, el texto del acuerdo, de un total de 25 páginas, contradice puntos que el Gobierno de Pedro Sánchez había asegurado negarse en un primer momento. A finales de junio, el Gobierno insistió en que no aceptaría la exigencia de ERC para crear un concierto económico para Cataluña como condición para apoyar la investidura de Illa, algo que tras conocer este acuerdo queda en entredicho. Solo País Vasco y Navarra cuentan con un modelo de financiación distinto al del resto de comunidades, las del régimen común. Este se basa en un concierto según el cual ambos territorios aportan un cupo anual al Estado por los servicios que este presta en los territorios, un modelo similar al que se plantea en el acuerdo ERC-PSC para Cataluña.

El pasado 15 de julio, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó el concierto económico para Cataluña. “Yo no [lo] comparto”, aseguró. Asimismo, expresó que el Gobierno central no estaba negociando con la Generalitat, sino que las negociaciones se daban solo entre los partidos catalanes, ERC y PSC. Pero ahora, en el texto se incide en que el impulso de este sistema de financiación singular está basado en la “la relación bilateral con el Estado”.

El acuerdo contempla la creación de una “hacienda catalana” e implantar este nuevo modelo. “La hacienda catalana debe instrumentalizarse a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña mediante el ejercicio de las potestades y funciones administrativas de liquidación, recaudación y comprobación de las obligaciones tributarias de los impuestos, con el uso, cuando corresponda, de los mecanismos previstos por la ley”, remarca el texto. Para ello, la Generalitat empezaría recaudando el impuesto de la renta en 2026 y después se iniciarían los estudios para poder recaudar parte del IVA.

“Los diversos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas”, justifican en el acuerdo sobre el cambio de modelo que proponen. El acuerdo se formalizará el año que viene a través de las modificaciones legislativas necesarias y, cuando corresponda, se trasladarán a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para que se puedan aprobar. En el texto se reconoce que habrá que modificar la ley de cesión de tributos a Cataluña y la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las CCAA), algo que también había negado Montero, defendiendo que las modificaciones se limitarían a desarrollar lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es decir, el consorcio contemplado en el artículo 204.

La contribución de Cataluña a las finanzas del Estado incluye tanto el pago por los servicios estatales recibidos como su “aportación a la solidaridad”. Esta participación se determinará mediante un porcentaje en los tributos. Además, la contribución solidaria debe ser “explícita y reflejarse de manera transparente”. La Generalitat debe colaborar con las demás comunidades autónomas para que los servicios ofrecidos por los distintos gobiernos alcancen niveles similares, siempre y cuando se realice un “esfuerzo fiscal también similar”. Dicha solidaridad debe respetar el “principio de ordinalidad”.