Las negociaciones para reducir la jornada laboral se trasladan a septiembre sin avances con la patronal

Siete meses después de la primera reunión tripartita para acordar una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, las negociaciones están lejos de culminar en un pacto entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales. La reunión de este lunes ha sido la última antes del parón vacacional de agosto y en ella se ha hablado todavía del “perímetro” de las cuestiones, de manera que la mesa se volverá a reunir el próximo 9 de septiembre para tratar tres asuntos claves: cómo se ejecuta técnicamente la reducción de la jornada; el endurecimiento del registro horario y la “profundización” del derecho a la desconexión digital.

Desde hace unas semanas, el Ministerio de Trabajo ha rebajado el tono para referirse a CEOE y Cepyme, después de acusarlos de “descuelgue” y de “burlar” el diálogo social. En esta nueva línea, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado que la mesa “avanza de manera muy positiva” y que “el clima de la mesa ha sido muy oportuno” y “constructivo, de alcanzar por fin un acuerdo”. La realidad es que no se ha avanzado en los detalles centrales de la reducción de la jornada.

El Gobierno mantiene que en 2024 deben entrar en vigor las 38,5 horas semanales en cómputo anual, como fija el acuerdo de coalición, y que sería en 2025 cuando se apliquen las 37,5 horas. No obstante, los tiempos son ya muy ajustados y fuentes de las negociaciones reconocen en privado que hay pocas expectativas de que la reducción de este año pueda terminar sucediendo. Para atraer a la patronal, el ministerio propuso un borrador hace unas semanas con elementos de flexibilidad en cuanto a la distribución irregular de la jornada y abrió la puerta a que las empresas pudieran transitar hacia las 37,5 horas a lo largo de todo 2025, no desde el uno de enero.

Según fuentes de la negociación, CEOE y Cepyme siguen insistiendo por el momento en que las jornadas deben ser reguladas en los convenios colectivos, de manera que no aclaran si estarían a favor de estos dos elementos. El ministerio argumenta al respecto que “la mayoría de los convenios pierden la vigencia entre 2024 y 2025, lo que permite que puedan ya negociarse con las nuevas condiciones”. Respecto a los convenios que finalizarán más tarde, recuerda que no hay ningún problema legal porque la legislación es superior a los acuerdos de la negociación colectiva y se debe de aplicar de manera prioritaria desde que entre en vigor.

“Hemos ofrecido a la patronal márgenes suficientes para que la reducción se haga de manera progresiva, secuencial”, ha defendido Pérez Rey. Por lo que sostiene que en la reunión de septiembre se intentará que haya “un acuerdo definitivo” porque la patronal ha mostrado su “compromiso de estudiar seriamente las propuestas”. “Hay mimbres para alcanzar un acuerdo”, ha afirmado el secretario de Estado.

Menos optimistas son los sindicatos. UGT y CCOO advierten de que solo admitirán los elementos de flexibilidad si las patronales se suman al acuerdo, porque ellos realmente estaban ya “cómodos” con la propuesta inicial de Trabajo. Esta no contemplaba ninguna medida de transitoriedad en este sentido, más allá de que el cómputo de la jornada es anual (como actualmente), lo que implica que la reducción se puede efectuar tanto trabajando menos a la semana como dando más días libres pagados a los trabajadores.

Los sindicatos mantienen su postura de iniciar las movilizaciones en septiembre porque “la patronal no se está moviendo lo suficiente”. Se reunirán en las primeras semanas del mes para diseñar el calendario, por lo que no está concretado si estas comenzarán antes o después de la próxima reunión tripartita. En cualquier caso, el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján, ha aclarado que la intención de las movilizaciones no es “dar un ultimátum a la patronal”, sino “animar” a un acuerdo tripartito.

“Estamos esperando a la patronal y antes de concretar más, queremos saber cuál es su posición. A nosotros la primera propuesta del Gobierno ya nos parece que cumple”, ha resumido Luján. “Todas las medidas de flexibilidad valdrán si la patronal entra en el acuerdo”, ha coincidido CCOO. Ambas organizaciones rechazan demorar la entrada en vigor de la reducción más allá de 2025 en algunos sectores porque sería “discriminatorio”, solo aceptan “ser flexibles en que la reducción se haga más extendida en el tiempo”.