El Gobierno facilitará la construcción de 40.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos 50 años

El Gobierno firmará este lunes los convenios que movilizarán 6.000 millones de euros a través del ICO para la construcción de más de 40.000 viviendas de alquiler asequible durante los próximos cincuenta años, según adelantó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el ministro Carlos Cuerpo suscribirán los convenios entre sus departamentos y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por el que se movilizarán estos 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales a promotores públicos y privados.

Se trata de fondos vinculados a la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se creó una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda. Además, el Gobierno de España ha creado una línea de avales para estos préstamos por un importe de 2.000 millones de euros.

El acto contará con la presencia de ambos ministros, así como el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

“La apuesta del Gobierno es el incremento del parque público de vivienda a los estándares europeos, al menos el 9%, y lo vamos a conseguir apoyándonos en la colaboración público-privada. Creo que es el prototipo del modelo que tenemos que extender para ampliar ese objetivo de un parque público de vivienda”, ha defendido recientemente Rodríguez.

La línea ICO - Vivienda es uno de los cinco fondos ICO vinculados a los préstamos de la segunda fase del Plan de Recuperación y tiene por objeto otorgar financiación de proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció el pasado miércoles la aprobación por parte del consejo de administración de Sareb del ‘Proyecto Viena’, que permitirá construir unas 10.600 viviendas para alquiler asequible”.

“Estamos hablando de más de 130 suelos que permitirán construir unas 10.600 viviendas para alquiler asequible”, explicó el titular de Economía en una entrevista en RNE.

Este ‘Proyecto Viena’ se enmarca dentro de ese “gran objetivo” que ya anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de construir más de 180.000 viviendas de propiedad pública para alquiler asequible. En virtud del proyecto se ceden suelos de Sareb a promotores para que, con unos derechos de superficie a largo plazo, construyan viviendas para alquiler asequible.

Para Cuerpo, este es un paso más y espera tener estas viviendas disponibles en los próximos dos años o dos años y medio. Para esto, se ha realizado un análisis exhaustivo de los suelos de los que dispone Sareb para que cumplan con dos características: que estén en zonas donde se observe algún tipo de tensionamiento y, además, que exista demanda por parte de hogares con la renta media.

Esto hace que se pueda empezar ya con una primera fase de 50 suelos que están en 12 comunidades autónomas y 23 provincias, donde se van a desarrollar más de 3.800 viviendas. Después del verano, Cuerpo confía en que se sigan desarrollando las siguientes fases del proyecto.

“Esto es, además, en términos económicos, una inversión muy importante, cerca de los 500 millones de euros”, ha remarcado el ministro.

Aprovechando la aprobación de la nueva Ley de eficiencia judicial, el PSOE introdujo por vía enmienda la eliminación de las ‘Golden Visa’ para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP).

Los socialistas incluyen también la eliminación de estos visados tanto en el ámbito empresarial como a las denominadas inversiones empresariales, es decir, en las dirigidas a depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

A su vez, impulsan otra modificación a este texto para que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios.

Por su parte, Sumar pide un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que la duración del alquiler pueda ser indefinida, al defender que esta medida aportará “seguridad y estabilidad a las familias, así como arraigo en los barrios”.

De esta forma, se da la opción en caso de habilitar esta modalidad contractual a que el arrendador pueda recuperar la vivienda justificando que la destinará como vivienda permanente para él o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Mientras, plantea una modificación dirigida a incluir que las administraciones “competentes” en materia de vivienda puedan declarar zonas de mercado tensionado para aplicar una regulación de precios del alquiler, de cara a que los consistorios puedan solicitar la puesta en marcha de esta fórmula.

En varias ocasiones, Sumar ha criticado que las autonomías gobernadas por el PP boicotean el despliegue de este sistema de control de precios del alquiler, dado que en la Ley de Vivienda se pauta que deben ser los ejecutivos autonómicos quienes la soliciten.

Para Sumar, las administraciones tienen que poder tener este mecanismo, sobre todo en los ámbitos territoriales en los que exista “un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado”.

Y una de las novedades es incluir en este instrumento la regulación parcial de habitaciones de una vivienda, no solo del inmueble completo, y la modalidad de arrendamiento vacacional (alquiler por temporada).