Quién es Ismael Moreno, el juez encargado de investigar el ‘Caso Koldo’: de policía en el franquismo a magistrado de la Audiencia Nacional

El pasado viernes el Tribunal Supremo asignó la competencia de investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia, conocido como el ‘Caso Koldo’, al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea. De esta manera será el juez Ismael Moreno Chamarro el encargado de decidir sobre el tema.

Un magistrado de corte conservador que comenzó su carrera profesional como inspector de la Policía Nacional en tiempos de Franco para más tarde llevar a cabo juicios polémicos en su puesto de la Audiencia Nacional. como el Caso Falange y Tradición, la detención de los titiriteros o su papel en la fuga del líder de la Mocro Maffia.

Moreno ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1974 y ocupó el cargo de inspector de segunda del Cuerpo Superior durante nueve años. Ese período le ayudó a estudiar para acabar licenciándose en Derecho en 1983, momento en el que dio comienzo su carrera judicial.

Comenzó trabajando en los Juzgados de Badalona y de Talavera de la Reina y en 1984 se trasladó al Juzgado Central de Instrucción Número 1. Aquí tuvo su primer juicio con cierta cobertura mediática, ya que tuvo que investigar el intento de un policía español de implicar al Gobierno de Nicaragua en un caso de tráfico de drogas.

Fue en 1985 cuando se le trasladó al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde tardó cinco años en ser nombrado magistrado. Ya asentado como juez tuvo que declarar por presuntas irregularidades en un atestado que realizó cuando era policía.

Moreno y Antonio Rosino, que en ese momento era el jefe de Brigada de Información de Bilbao, fueron los encargados de investigar a Luis Miguel López de las Heras, un joven con trastorno límite de la personalidad, acusado de asesinato frustrado en 1984.

La prueba de cargo que tenían era el reconocimiento realizado por el testigo Francisco Javier Ventureira. Este testigo dijo en el juicio que no había podido reconocer a López cuando se lo mostraron en comisaría y añadió que cuando lo vio se encontraba sólo, iluminado por un flexo y sin otras personas alrededor.

Esta manifestación sorprendió al tribunal y a los abogados, pues en el sumario los policías (Moreno Chamarro y Rosino) hicieron constar que Ventureira reconocía a López de las Heras en rueda de detenidos (entre un grupo de personas de similares características) y sin ningún género de dudas. Al conocer estos extremos, el testigo aseguró que en comisaría le habían indicado que firmara el reconocimiento, pues era igual que no estuviera seguro.

López de las Heras fue entonces condenado a 12 años y un día por la Audiencia Provincial por delito de asesinato frustrado, sin que se apreciase su capacidad mental. No fue hasta 1988, tras una petición de la Audiencia Provincial de Madrid de volver a realizar la investigación, que el Tribunal Supremo anuló esta sentencia y absolvió al condenado.

En 2015 el magistrado llevó la investigación en contra de los miembros de Falange y Tradición acusados de al menos 19 actos delictivos, atentando principalmente contra contra monumentos relacionados con la memoria histórica y contra personas y negocios vinculados a la izquierda abertzale.

FyT comenzó sus actividades con la realización de pintadas amenazantes; posteriormente, causó daños significativos en monumentos que denuncian algunos excesos del franquismo; y culminó su trayectoria amenazando de muerte a diversos cargos públicos.

Entre sus víctimas se encuentran Koldo Plá, entonces concejal de Batzarre en Ansoáin; Sonia Polo, la txupinera de las fiestas de Bilbao de 2009, quien recibió una carta con una bala de 9 milímetros; Jesús María Mendinueta (ANV), alcalde de Arbizu en ese momento, y varios concejales de su grupo municipal. A Koldo Plá se le advirtió mediante una carta que tenía “30 días para abandonar Navarra si no quería asistir a una misa en su honor”.

Las amenazas dirigidas al alcalde y varios concejales de Arbizu llegaron a través de una pintada en la fachada del Ayuntamiento con el texto: “Mendi, Balda, Iriarte, Araña. Orain zelatan. Bier ilgo zituztegu” (Ahora os vigilamos. Mañana os mataremos). También resultaron afectados empleados del Concejo de Artica, a quienes se les advirtió que deberían “atenerse a las consecuencias” si reparaban las placas que FyT había destrozado.

Al final el juez condenó a las tres únicas personas que fueron procesadas a entre un año y medio y dos años de cárcel por ”amenazas no condicionadas”, por lo que ninguno tuvo que pasar por prisión. Las condenas se quedaron en su tramo bajo, ya que la sentencia les eximió a todos ellos de “los delitos de daños y amenazas con fines terroristas y del delito de asociación ilícita”.

A los que si consideró como terroristas fue a Raúl García y Alfonso Lázaro, dos titiriteros a los que puso en prisión preventiva en 2016 tras haber sido detenidos por la Policía Municipal de Madrid en el distrito de Tetuán, mientras representaban una obra de marionetas titulada ‘La bruja y Don Cristóbal’ con su compañía, ‘Títeres desde Abajo’, en la que aparecía una pequeña pancarta con el mensaje “Gora Alka-ETA” en el marco de una denuncia contra la violencia policial y sexual.

El juez Ismael Moreno decidió enviarles directamente a prisión provisional sin fianza, argumentando que la pancarta en cuestión podía justificar el terrorismo etarra y yihadista. Sin embargo, poco tiempo después, la Fiscalía cambió su postura y solicitó su liberación.

El magistrado aceptó entonces la petición y ambos salieron de la cárcel de Soto del Real tras cinco días detenidos, sin hacer declaraciones y rodeados de cámaras. Las causas en su contra, tanto por enaltecimiento del terrorismo como por presunto delito de odio, fueron archivadas y tras pasar tan solo un año el proceso penal fue cerrado de forma definitiva.

Uno de los últimos casos en los que ha estado implicado es en el de la fuga de la Karim Bouyakhrichan, cabecilla de la mafia marroquí conocida como ‘Mocro Maffia’. Este consiguió escapar de España gracias a una descoordinación entre la Audiencia Provincial de Málaga y la Audiencia Nacional, causando mucho malestar entre las autoridades holandesas, ya que en ese país es uno de los criminales más buscados por haber amenazado de muerte a la heredera al trono, Amalia de Orange.

El 25 de enero de 2024 Bouyakhrichan fue detenido en Marbella y se decretó su ingreso en prisión provisional. Sin embargo, 53 días después la Audiencia Nacional tomó la decisión de dejarle en libertad provisional con medidas cautelares, como la retirada de su pasaporte, la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días y el pago de una fianza de 50.000 euros.

Esto se realizó en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, que solicitaron una orden de detención en al Audiencia Nacional. Además, se realizó una petición formal de extradición por parte de Holanda, la cual fue inicialmente rechazada por un juzgado de Málaga por pendientes judiciales en España, aunque después se ampliara la petición dada la “extrema urgencia” del caso.

Los esfuerzos para extraditar a Bouyakhrichan a Holanda finalmente se vieron frustrados cuando, tras ser citado para comunicarle su extradición, el criminal no se presentó a la audiencia, evidenciando una clara negligencia en el proceso al no aplicársele medidas adicionales para evitar su fuga. Desde su desaparición, no se ha vuelto a tener noticia alguna de su paradero y no ha sido hasta ahora, que se ha dictado una orden de búsqueda y detención contra él.