¿Podrá ser detenido Carles Puigdemont a su llegada a España?

La situación de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y actor principal del Procés, ha vuelto a ser foco de atención con su anunciado regreso a España para participar en el debate de investidura en el Parlament de Cataluña. Dada su compleja situación legal, la pregunta sobre si puede ser detenido al entrar en territorio español requiere un análisis detallado de varios factores judiciales y políticos.

El expresidente sigue teniendo una orden de detención activa en España por los delitos de malversación y desobediencia. Esta orden, emitida por el Tribunal Supremo español, sigue en vigor. Dado que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha ratificado la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, el catalán ya no goza de la protección que le impedía ser arrestado por estos cargos. Hasta ahora, Puigdemont contaba con inmunidad parlamentaria como miembro de la Eurocámara, ventaja que ha perdido con la nueva configuración de la sala.

La aprobación de la Ley de Amnistía ha llevado a archivar diversas causas contra el movimiento nacionalista catalán, pero no todas. En concreto, Puigdemont todavía podría pasar a disposición judicial por las causas de las que se le acusan, debido a que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó aplicar la norma a los líderes independentistas al alegar la existencia de un delito de malversación. Bajo la interpretación del juez, el catalán no es amnistiable porque durante los hechos del 1 de octubre de 2017 gestionó los fondos de la administración “con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial”.

La magistrada del Tribunal Supremo, Susana Polo, archivó el 9 de julio la investigación por presunto terrorismo contra Carles Puigdemont y el diputado de ERC, Rubén Wagensberg, en relación con el caso Tsunami Democràtic. Esta decisión se tomó un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, hiciera lo mismo. En un auto, Polo explicó que su decisión seguía la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la cual invalida las diligencias acordadas por García Castellón en los últimos tres años debido a que la prórroga de la causa fue dictada fuera de plazo. Puigdemont y otros miembros de la esfera independentista, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, habían sido investigados por organizar las protestas de Tsunami Democràtic. Por tanto, Puigdemont podría ser detenido por malversación y desobediencia, pero no por terrorismo.

El equipo legal de Puigdemont, encabezado por el abogado Gonzalo Boye, está preparando una estrategia de defensa en caso de detención. Esto incluye la posibilidad de recurrir cualquier decisión de prisión provisional que pueda dictarse. La defensa espera que, en caso de detención, Puigdemont no ingrese en prisión preventiva, pero están listos para apelar a los tribunales correspondientes si fuera necesario. Recientemente, Boye afirmó que cree que “prevalecerá la cordura”. Además, señaló que la sociedad catalana “es un pueblo muy movilizado” y que no permitirá que detengan a Puigdemont tan fácilmente, en una reciente entrevista con Vilaweb.

Ante la posibilidad de que tras ser detenido se pida prisión provisional contra el exmandatario catalán, Boye afirmó que dicha medida “pueda durar cuatro años: dos años prorrogables por dos”. También indicó que mantener una detención en un caso que “entra dentro de la amnistía es grave” y que sostener la prisión sobre ello “es muy grave” porque “significa que a los jueces no les importa el Estado de derecho”.