Las ‘broncas’ de Bruselas a España por sus pendientes económicos: control digital, navegación aérea y seguridad bancaria

Tras conocerse que la Comisión Europea disponía de varios procedimientos abiertos contra España, Bruselas ha detectado deficiencias en cuatro ámbitos adicionales. A las “broncas” por no alcanzar los objetivos de recogida y reciclaje de residuos, discriminar a los interinos del sector público en comparación con los empleados fijos y la excesiva rigidez de la normativa nacional de planes de pensiones se le suman cuatro nuevas, correspondientes al paquete de procedimientos de infracción de junio contra España.

El inicio de un expediente sancionador a nivel comunitario supone que Bruselas da dos meses a las autoridades para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomarán para corregirlas. En caso de no resolverse la situación, los expedientes cuentan con dos fases más: en primer lugar, el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, si persiste la irregularidad, denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las nuevas infracciones expedientadas son las siguientes:

La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum de dos meses a España por la transposición incompleta de la Directiva (UE) 2021/2167 en la legislación nacional. Esta directiva tiene como objetivo principal permitir que los administradores y compradores de créditos operen en toda la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo la protección de los derechos de los prestatarios.

La normativa exige que los compradores y administradores de créditos actúen con buena fe, equidad y profesionalismo hacia los prestatarios. Además, deben mantener una comunicación transparente y respetuosa que no implique acoso, coacción o influencia indebida. Estas disposiciones buscan evitar prácticas abusivas y asegurar un trato justo para los prestatarios en todas las etapas de la gestión del crédito.

El incumplimiento de esta directiva por parte de España podría acarrear sanciones significativas y afectar la confianza de los mercados en la gestión de créditos dentro del país. La falta de una transposición completa y adecuada no solo pone en riesgo los derechos de los prestatarios españoles, sino que también impide una integración plena de España en el mercado único de trabajadores y servicios financieros de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España debido a la falta de adecuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la nueva Ley Europea de Servicios Digitales. Esta normativa impone regulaciones más estrictas a las grandes plataformas digitales con el objetivo de prevenir prácticas abusivas por parte de compañías que dominan el mercado.

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea busca crear un entorno digital más seguro y justo para todos los usuarios. Las normas establecidas pretenden evitar el abuso de poder por parte de las grandes plataformas tecnológicas y asegurar que operen de manera transparente y responsable. Entre otras cosas, la ley requiere que estas plataformas implementen medidas para proteger a los consumidores y combatir contenidos ilegales, garantizando así una mayor seguridad en línea. Su incumplimiento podría llevar a sanciones económicas y legales si el país no toma las medidas necesarias para cumplir con la legislación europea.

Bruselas ha abierto expediente a España por no haber completado la transposición a la legislación nacional de las normas europeas sobre reestructuración y resolución bancarias. Concretamente, investiga las modificaciones de las directivas sobre rescate y resolución bancarias.

Bruselas ha otorgado a España un plazo de dos meses para aplicar correctamente ciertas disposiciones del plan de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo en los servicios de navegación aérea. De no cumplir con estos requisitos, España se enfrentará a otro dictamen motivado. La Comisión ha señalado dos problemas principales. En primer lugar, existe una preocupación sobre el nivel y la asignación de las tarifas que se cobran a las compañías aéreas por los servicios de navegación aérea. En segundo lugar, Bruselas ha identificado una falta de incentivos financieros adecuados para los proveedores de estos servicios.

El incumplimiento de las normas del Cielo Único Europeo en cuanto a la distribución proporcional y transparente de los costes comunes entre los proveedores de servicios de navegación aérea de ruta y terminales es un tema crucial. Estos proveedores son responsables de cobrar tarifas a las aerolíneas, y una implementación incorrecta de las normativas de la UE afecta directamente a lo que las compañías aéreas terminan pagando.