El impuesto al aceite desaparece pero los precios siguen subiendo: los consumidores denuncian “irregularidades” de los supermercados

El pasado 1 de julio, el Gobierno hizo efectiva la rebaja del IVA al 0% al aceite de oliva. Con esta medida, el Ejecutivo, que ya rebajó este gravamen del 10% al 5% en 2023, busca incentivar el consumo del producto, tras el encarecimiento de los últimos meses como resultado de la crisis inflacionista y la sequía generalizada en el campo español.

Casi un mes más tarde, la aplicación de esta rebaja comienza a dar muestras de irregularidades en los márgenes de beneficio de los supermercados, una práctica prohibida en este tipo de productos con el IVA reducido, afirma Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, que afirma que existe un “fraude masivo a los consumidores”. Sánchez critica la diferencia de hasta 4,67 euros por litro en un mismo aceite de oliva y supermercado en función de la ciudad donde se adquiera. Los datos se extraen de un estudio realizado por Facua al analizar una veintena de marcas a la venta en seis cadenas diferentes en 19 ciudades distintas.

Rubén Sánchez, en su cuenta de X (antiguo Twitter), expone con frecuencia diferentes irregularidades detectadas en las principales cadenas de supermercados a nivel nacional. Con los datos manejados en Facua, les resulta sencillo llevar un seguimiento de los precios del aceite en las diferentes empresas, lo que permite señalar las modificaciones en estos precios.

Por ejemplo, el pasado viernes 19 de julio, Sánchez destacó un movimiento de la cadena de supermercados Hipercor. Concretamente, señalaba que la cadena aplicaba una subida del 36% en la garrafa de cinco litros del aceite de oliva de la marca Coosur Serie Oro. El precio se modificaba de 40,90 euros a 55,50 euros. “La rebaja del IVA prohíbe aumentar márgenes, pero las empresas se saltan la norma con total impunidad. ¿Dónde está el Ministerio de Consumo?”, denuncia.

Sánchez critica también diferencias de hasta 4,67 euros por litro en un mismo producto dependiendo del supermercado y la ubicación. Por ejemplo, el aceite virgen extra de Carbonell en Eroski cuesta 9,13 euros en Pontevedra pero 13,80 euros en otros lugares. Facua identificó que Alcampo es la cadena con mayor variabilidad de precios según la ciudad, mientras que Dia y Mercadona mantienen precios similares en todos sus establecimientos. También se observaron diferencias dentro de la misma ciudad, como en Zaragoza, donde el precio de un litro de aceite de Carbonell varía entre 12,49 y 13,78 euros en diferentes tiendas de Alcampo.

Con la rebaja del IVA en 2023, derivada de la crisis económica provocada por la pandemia, el BOE dejaba claro que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor”. Esto supone que los supermercados no podrán subir precios para incrementar sus márgenes de beneficio. Para asegurarse de que no hay aumento de precios, el Gobierno aplica una serie de medidas habituales: “La efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el ámbito de sus competencias”.

No obstante, experiencias pasadas con este tipo de medidas despiertan dudas. Con la crisis energética de 2022, el precio de la gasolina se disparó hasta cifras nunca antes vistas en España, lo que provocó la reducción de su tipo impositivo. La CNMC puso en marcha un “sistema de vigilancia mucho más intenso” para evitar que las gasolineras alteraran los precios y se aprovecharan de las bonificaciones. Cani Fernández, presidenta de la Comisión, explicaba que el regulador conoce “los precios de todas las gasolineras, todos los días”. Sin embargo, y pese a las denuncias de Facua, nunca se impuso ninguna multa a ninguna gasolinera.

El Gobierno español puede implementar medidas para limitar los márgenes de beneficio de los supermercados en productos con IVA reducido, como el aceite de oliva, aunque esto presenta desafíos tanto legales como prácticos. La intervención del gobierno en los precios de mercado se enmarca en el intento de proteger a los consumidores frente a aumentos desproporcionados de precios, especialmente en bienes de primera necesidad.

En el contexto comunitario de la Unión Europea, las políticas de precios están sujetas a regulaciones comunitarias que buscan garantizar la libre competencia, evitando distorsiones en el mercado. No obstante, cualquier medida que regule los márgenes de beneficio de los supermercados tendría que ser justificada en términos de interés público, debiendo demostrar que no existen alternativas menos restrictivas para alcanzar los mismos objetivos.