España no sabe cuántos médicos tiene: al menos un 24% de los sanitarios están fuera del Registro de Profesionales

El sistema instaurado en 2012 todavía espera recibir los datos de las instituciones pertinentes y presenta retrasos para incluir la información de los trabajadores

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España no sabe cuántos médicos tiene.  (Imagen Ilustrativa Infobae)
España no sabe cuántos médicos tiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de que faltan médicos ha calado en la sociedad: los avisos de la sobrecarga asistencial en la Atención Primaria y el cierre de unidades sanitarias han mostrado la necesidad de más personal. Pero lo cierto es que en España hay más médicos que nunca: se calcula una ratio de 4,5 médicos por cada 1.000 habitantes, un porcentaje que supera la media europea (4,1 por cada 1.000 habitantes). Lo que faltan, en realidad, son especialistas. El problema radica en la gestión de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, que ni siquiera sabe exactamente cuántos médicos tiene. Al menos, así lo expone el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS).

Este sistema se creó en el año 2012 para facilitar la planificación de las necesidades de los profesionales sanitarios y coordinar las políticas de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. El REPS debía incorporar los datos de “todos los profesionales sanitarios autorizados para trabajar en España”, a partir de informaciones públicas de estos facultativos “que permiten garantizar a los ciudadanos que los profesionales sanitarios que les atienden tienen la titulación adecuada y pueden ejercer su profesión”. Sin embargo, era un objetivo “muy grandilocuente y muy difícil de alcanzar”, opina José María Rodríguez Vicente, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC).

La obligación de incorporarlos recaía sobre las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), encargado de la gestión en materia de salud en Ceuta y Melilla. Igualmente, debían comunicar sus datos los colegios profesionales (en cuanto a profesionales colegiados de sus registros), las entidades de la administración local (respecto a los profesionales sanitarios dentro de sus registros de personal) y los centros sanitarios privados. Las comunicaciones deberían haberse realizado antes del 24 de septiembre de 2018 y el sistema tenía que estar operativo a finales de ese mismo año. Seis años después, todavía hay miles de profesionales que no aparecen en el REPS.

Desde el Ministerio de Sanidad, saben que el REPS va con retraso: las comunidades autónomas todavía no han rellenado los datos de todos sus sanitarios y calculan que tan solo hay registro de un 76% de los profesionales españoles. Pero el problema no es exclusivo de la falta de comunicación, sino del propio sistema implementado. El Consejo General de la Organización Médica Colegial asegura haber enviado los registros de los 310.000 profesionales que le corresponden, pero únicamente aparecen 30.000. “Investigando, he visto que ningún miembro de la Comisión Permanente estamos en el REPS”, aseguró Rodríguez durante el Foro de la Profesión Médica, el pasado miércoles.

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

“Me han preguntado cuántos médicos están en activo, pero no puedo decirlo”

Otros han podido ver su nombre, pero tan solo dentro de la sanidad privada, pese a trabajar también en la pública. “Como [el REPS] se nutre de 50 registros, hasta que no los tienen todos, no aparece completo”, señaló Rodríguez. Igualmente, hay problemas ortográficos. “Si yo pongo ‘José María’ en mayúscula y con acentos, pero la Consejería lo pone sin acentos o en minúscula, no se fusionan los datos”.

La falta de registro común impide saber cuántos profesionales trabajan en el sector de la salud en España. “A mí me han preguntado cuántos [médicos] están en activo, pero no puedo decirlo, porque si hacemos el corte de que a los 65 se va a jubilar todo el mundo, tendríamos en activo 240.000 [según registros de la OMC]. Pero si lo hacemos sabiendo que puede haber profesionales trabajando entre los 65 a los 70 años, tienes que hacer el corte en unos 268.0000 médicos“, explica Rodríguez.

Esto dificulta la capacidad de organización dentro del Sistema Nacional de Salud, tanto para llenar los puestos de difícil cobertura como para gestionar los periodos de invierno y verano, en los que la sanidad pública afronta episodios de saturación. “¿Cómo se puede planificar si no sabes los recursos que tienes?”, se pregunta el presidente del CESM, Miguel Lázaro. Este sindicato ha criticado que la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias incluya el “requisito imposible” de estar registrado en el REPS para obtener la titulación. En ese sentido, el Ministerio aclaró que este criterio no será un obstáculo y que se procederá a comprobar los datos de aquellos interesados que no aparezcan inscritos. Insisten, no obstante, en “avanzar en el cumplimiento del Registro Estatal de Profesionales”.

La demografía médica se intenta resolver en las aulas

Alumnos de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU. (Europa Press)
Alumnos de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU. (Europa Press)

En los últimos años, la “falta de médicos” ha intentado paliarse con la apertura de nuevas plazas en las universidades, tanto públicas como privadas. Así, en 15 años España ha pasado de tener 28 facultades de Medicina a 50, con un aumento del 94% en el número de estudiantes. Se espera que este 2024 se creen planes de estudios en dos universidades más y otras 10 planifican hacerlo a futuro.

“Hay una creencia popular de que la falta de profesionales sanitarios es porque hay una falta de estudiantes y no es por eso”, defiende Lucía Lara, del Consejo de Estudiantes de Medicina (CEEM). Esta respuesta, critican, solo ha servido para masificar las aulas y las prácticas clínicas. “Vemos cómo se van deteriorando tanto nuestra enseñanza como los derechos de los pacientes”.

Piden, por ello, que se redistribuyan los números clausus (límite del número de plazas universitarias) en base a unos criterios demográficos, para así parar el aumento indiscriminado de alumnos.

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