El Supremo decide que el Caso Koldo continúe en la Audiencia Nacional y no pase a la Fiscalía Europea

El Tribunal Supremo ha determinado que será la Audiencia Nacional y no la Fiscalía Europea la que continúe investigando el caso Koldo, la trama de corrupción de mascarillas en plena pandemia.

Así lo ha decidido la Sala de lo Penal este viernes, resolviendo así la cuestión planteada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Los magistrados han asegurado que la Fiscalía Europea no es competente para investigar los hechos porque no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.

En el auto notificado este viernes, se acuerda que debe ser el Juzgado Central de Instrucción nº 2 el encargado de investigar los hechos en este momento, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario que son objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea. Esta última mantiene su competencia en relación exclusivamente con la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea.

La Sala, formada por su presidente, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ramón Berdugo y Ángel Luis Hurtado, explica que, lo que se investiga en estas actuaciones “es la posible existencia de una organización criminal”, cuyo fin era obtener “de forma irregular” adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario en varias administraciones públicas nacionales mediante la intervención de cargos públicos. Estos, junto con los miembros de la organización, presuntamente se habrían enriquecido con dichas actuaciones, incurriendo en posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Asimismo, se investiga el ocultamiento de las ganancias obtenidas a través de operaciones financieras, lo que podría involucrar delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Los jueces han señalado que la Fiscalía Europea, órgano creado para proteger los intereses de la UE, actualmente, no tiene competencias sobre el caso Koldo. “No podemos concluir que en las diligencias previas (...) se estén investigando delitos intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión que, por su dimensión, pudiera justificar la intervención de un órgano supranacional como la Fiscalía Europea. Tampoco que estos delitos puedan suponer una amenaza para aquéllos o para las instituciones de la Unión”, ha dicho el tribunal. La Fiscalía Europea es un órgano supranacional que pretende perseguir las infracciones que perjudican sus intereses. “Los delitos competencia de esta Fiscalía, lo serán, si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución”, añaden, remarcando que se trata de una “trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales”.

La Sala asegura que “las adjudicaciones presuntamente irregulares”, conformadas por la del expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo Lobo, dependiente del por entonces llamado Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos, autorizó un contrato de suministro de mascarillas por más de 20 millones de euros, y a la Secretaría de Estado de Seguridad por por casi 3,5 millones “pudieron ser financiadas íntegramente por fondos nacionales”. En cambio, los 12,5 millones de euros correspondientes a la adjudicación de ADIF, 10.868.867,47 euros corresponderían a fondos nacionales y 1.631.132,53 euros a fondos de la Unión.

Los magistrados sostienen que la competencia solo podría asignarse a la Fiscalía Europea si los delitos investigados en la Audiencia Nacional estuvieran inseparablemente vinculados con el delito que es competencia de la Fiscalía Europea. Según la Sala, esto no ocurre en este caso.