La justicia tumba las zonas de bajas emisiones de cuatro localidades aledañas a Barcelona

La justicia ha tumbado las restricciones a la circulación de vehículos contaminantes a través de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en cuatro ciudades aledañas de Barcelona: l’Hospitalet, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

Según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes municipales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado a través de cuatro sentencias las ordenanzas para restringir la circulación de vehículos contaminantes que los cuatro municipios, por donde pasan las rondas de Barcelona, habían aprobado a principios de 2020.

A las cuatro ciudades les ha ocurrido lo mismo que a Barcelona, municipio al que el TSJC ya anuló la ZBE y posteriormente lo ratificó el Tribunal Supremo a finales de 2023, aunque no tuvo efectos porque la capital catalana ya había instaurado un nuevo reglamento.

La nueva resolución judicial supone que l’Hospitalet y Cornellà se queden sin ZBE porque no tienen una nueva ordenanza; en cambio, Sant Adrià de Besòs no está afectada porque ya ha hecho la actualización -como Barcelona- y Esplugues ha recurrido al Supremo, por lo que podrá mantenerla al menos hasta que se resuelva el recurso.

Los argumentos que esgrime el TSJC son que las ordenanzas no tienen en cuenta la capacidad económica de los conductores para adquirir nuevos vehículos menos contaminantes, tanto los residentes como colectivo empresariales. Estas ordenanzas en litigio fueron recurridas ante el TSJC por la Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional de Cataluña (Audica), que agrupa un centenar de empresas de autocares.

Su presidente, Toni Serrat, ha explicado declaraciones a EFE que recurrieron a la vía judicial porque no lograron ser considerados como transporte público, para así ser excepcionados de las restricciones, como ocurre con las grúas o el transporte de personas con discapacidad.

”Estamos a favor de las mejoras medioambientales y, en esto, nosotros somos una solución, no un problema, porque nos consideramos transporte público: un autocar con 50 plazas saca 35 turismos de la vía pública, así que queremos un trato adecuado”, ha añadido. Serrat ha señalado que la vida útil de un autocar puede ir más allá de los 10 años y que adquirir una nueva unidad es afrontar un coste de unos 300.000 euros.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de l’Hospitalet, el municipio de los cuatro afectados con una ZBE más grande, han confirmado la anulación de la ordenanza municipal aprobada a principios de 2020 por la que se restringía el paso de vehículos viejos y contaminantes.

Las mismas fuentes han afirmado que, durante el tiempo en que ha estado vigente la ordenanza municipal, las arcas municipales del Ayuntamiento de l’Hospitalet han recaudado 2 millones de euros en concepto de multas.

Los servicios jurídicos municipales están estudiando la situación para determinar qué cantidad se debería devolver pero “no será la totalidad del importe recaudado”, han asegurado las mismas fuentes.

*Información elaborada por Efe