La Justicia belga incrementa a 80 millones el embargo a España por los impagos en el sector de las renovables

Permitirá el cobro a Blasket Renewable Investments, una de las veintiséis empresas damnificadas por la retirada de las primas renovables

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Parque eólico en Asturias (Europa Press)
Parque eólico en Asturias (Europa Press)

La Justicia belga ha aumentado a 80 millones de euros el embargo impuesto a España, permitiendo al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments cobrar esta cantidad. Según fuentes jurídicas, este pasado martes Eurocontrol cumplió con la orden judicial belga e informó a la empresa denunciante del monto total sujeto al embargo. La cifra exacta de la opración asciende a los 83,7 millones de euros, de los cuales 79,98 millones de euros corresponden a pagos pendientes a Enaire por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en España durante el pasado mes de junio.

La orden de embargo seguirá vigente hasta que se resuelva la controversia, lo que significa que los pagos futuros también quedarían bloqueados mientras la situación no se aclare. Fuentes jurídicas señalaron que es probable que otros inversores afectados se sumen a estas acciones legales. La Justicia belga permite que otros acreedores se unan a la reclamación, beneficiándose de esta medida de protección que busca evitar nuevos impagos. Esta situación podría incrementar significativamente el monto total del embargo en el futuro.

Antecedentes

Durante el pasado mes de junio, se informó que la Justicia belga había autorizado un embargo inicial de 32 millones de euros a España por los impagos relacionados con las renovables, permitiendo también el cobro por parte de Blasket Renewable Investments. Esta decisión sigue los pasos de los tribunales británicos, que ya han reconocido en el pasado la existencia de estas deudas y han autorizado embargos cautelares en diversas propiedades y cuentas bancarias españolas en el Reino Unido.

Los tribunales británicos han embargado previamente la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros.

Nueva decisión

En esta nueva decisión, la Justicia belga respondió a una petición presentada inicialmente ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y finalmente resuelta por la sala 17 de la Corte de Apelaciones de Bélgica. Emitiendo un fallo el 18 de junio, la Corte autorizó el embargo solicitado por Blasket Renewable Investments, una de las 26 empresas afectadas por los impagos y titular del caso Infrared.

No obstante, el Gobierno español anunció su oposición a la decisión judicial belga, argumentando que contraviene la normativa europea en materia de Ayudas de Estado y la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol. Según el Gobierno, el fondo estadounidense, con pleno conocimiento de la obligación de España de no efectuar pagos derivados de los laudos impuestos por la Comisión Europea, solicitó la ejecución del laudo a las autoridades belgas, instando al embargo de los derechos de crédito de Enaire frente a Eurocontrol.

Veintiséis fondos reclaman impagos a España

El caso belga no es el único al que se enfrenta el Gobierno español, ya que son 26 las firmas afectadas. Estas empresas, damnificadas por la retirada de las primas renovables, afirman que la suma de la compensación, intereses y costes legales se sitúa actualmente en torno a 1.800 millones de euros. Estos acreedores en búsqueda de pacto han contratado los servicios de la consultora especializada JS Held, con el objetivo de conocer los bienes en España en otras jurisdicciones donde poder cobrar este dinero.

No obstante, España se está oponiendo a varios de estos laudos y logrando su anulación en algunos territorios. Esta misma semana, el diario El Confidencial adelantaba que el Tribunal de Apelación de Svea, en Suecia, anuló el laudo emitido por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC, por sus siglas en inglés), que había condenado al país a indemnizar con 48 millones de euros a dos fondos del gestor de infraestructuras Foresight en Luxemburgo, a dos de la italiana GWM Renewable Energy, y a Greentech Energy, ahora conocida como Athena Investment. Estas tres compañías habían invertido en parques fotovoltaicos en España.

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