Bruselas abre expediente a España por restringir planes de pensiones y defectos en planes de ahorro de jubilación

La Comisión Europea ha abierto un expediente a España este jueves tras detectar restricciones introducidas por la normativa nacional a los planes de pensiones y por no haber notificado las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento sobre el producto paneuropeo de ahorro para la jubilación. Se trata de dos procedimientos de infracción diferentes. El primero corresponde a la prohibición en España de cotizar a planes de pensiones de empleo y personales por encima de los importes máximos deducibles a efectos fiscales, lo que puede entrar en conflicto con la libre circulación de trabajadores, servicios y capitales y el derecho de establecimiento.

Bruselas advierte que permitir transferencias individuales nacionales pero no transfronterizas de derechos de pensión en regímenes complementarios de pensión también puede ser contrario a las libertades del mercado interior. Asimismo, la Comisión ha abierto otro procedimiento a España por no haber notificado las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento sobre el producto paneuropeo de pensiones personales, un plan de ahorro personal voluntario que ofrece a los consumidores una opción complementaria más competitiva.

Las autoridades españolas tienen dos meses para subsanar los defectos y carencias señalados por el Ejecutivo comunitario. En caso de una respuesta no satisfactoria, la Comisión podrá dar un ultimátum de dos meses antes de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La Comisión, además, ha abierto expediente contra España por no facultar adecuadamente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para hacer cumplir la nueva Ley europea de Servicios Digitales que impone las normas más estrictas a las grandes plataformas, un marco con el que el bloque quiere evitar prácticas abusivas por parte de las compañías de mayor tamaño en la red. Además de a España, los servicios comunitarios han enviado cartas de emplazamiento a otros cinco países que no han dado los poderes correspondientes a su autoridad competente o ni siquiera han designado a un “coordinador de servicios digitales”, que en el caso de España es la CNMC.

No son los dos únicos expedientes abiertos por el órgano comunitario. Bruselas también ha abierto expediente a España por no eliminar las condiciones de empleo discriminatorias en los contratos de trabajadores interinos en el sector público a través de una segunda carta de emplazamiento en la que pide incorporar correctamente a la legislación nacional la directiva europea que prohíbe la discriminación de los trabajadores con contrato de duración determinada. En ese sentido, la Comisión avisa de que la legislación española contempla condiciones de empleo menos favorables para los interinos frente a un trabajador fijo, tomando de ejemplo el caso de las vacaciones.

El inicio de un expediente sancionador a nivel comunitario supone que Bruselas da, de nuevo, dos meses a las autoridades para abordar las deficiencias detectadas y comunicar las medidas que tomarán para corregirlas. En caso de no resolverse la situación, los expedientes cuentan con dos fases más: en primer lugar, el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, si persiste la irregularidad, denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.