La Policía desahucia a Zohra y le da una alternativa habitacional sin concretar las condiciones: “A lo mejor tres días, o una semana, y luego te vas a la calle otra vez”

Pese a su paralización el pasado 26 de junio y el 15 de julio, este miércoles, Zohra, Mustafa y su hijo de 8 años han sido desahuciados de su piso en el barrio madrileño de Lavapiés pese a cumplir los requisitos de vulnerabilidad dictados por la ley para suspender los desalojos. La familia se quedará de manera temporal en una vivienda social en el barrio de Vallecas, según le han notificado esta misma mañana después de haber tramitado esta solicitud en 2018.

La madre tiene el consuelo de que al menos ya no estarán en una casa que les había hecho enfermar, tanto a ella como a su hijo, por las condiciones de insalubridad en las que les tenía el casero. Sin embargo, no sabe cuanto tiempo durará la calma porque no saben cuanto tiempo les dejarán quedarse en la casa de acogida social. “A lo mejor tres días, o una semana, y luego te vas a la calle otra vez”, han comentado a las puertas de la que ya no será su casa.

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid ha intentado paralizar su expulsión por todos los medios, incuso poniendo en manos de los agentes la vida de un hombre. “Si la Policía entra por la fuerza a casa, un activista caerá al vacío desde una altura de 12 metros”, advertían desde su cuenta de X (antes Twitter). El activista por el derecho a la vivienda se encontraba descolgado en el patio del bloque en el que hasta ahora vivía Zohra y su familia, anclado a un mecanismo que le conectaba a la puerta de la vivienda, de modo que si la Policía intentaba abrirla, este caería al vacío. Sin embargo, una hora después de lanzar este anuncio a través de sus redes sociales, los bomberos han acudido al edificio para bajar al hombre, que ha sido detenido. Fuentes del Sindicato señalan que ha sido un vecino del edificio que “acosa” a Zohra el que ha abierto a la Policía y a los bomberos, que no han podido evitar que se les saltaran las lágrimas cuando han llegado y se han dado cuenta de que se trataba de un desahucio.

Desde el Sindicato denuncian que el juez encargado del caso decidió no aplicar la suspensión marcada por el Real Decreto por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para las personas en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028. El magistrado considera que la mujer no ha conseguido demostrar que su casero posee 27 viviendas. Sin embargo, según indica el sindicato, “se ha presentado documentación que acredita que el propietario posee un bloque de viviendas en el barrio madrileño de Lavapiés, así como otras propiedades más”.

Además, añade la organización, esta familia ha estado viviendo “en condiciones deplorables”, pues la casa “tiene humedades, infestaciones de chinches y cucarachas, y problemas estructurales graves como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua desde el baño de los vecinos de arriba”, por lo que pedía un alquiler social “en un piso digno”. Zohra tenía claro que si el casero no cumplía con sus obligaciones, ella tampoco debía pagar.

Estos elementos han afectado la salud de Zohra y su hijo, que ahora se encuentra en un campamento de verano ya que han intentado “normalizar” la situación para él y evitarle los momentos más duros del proceso. Madre e hijo sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años. A pesar de que, desde el sindicato, defienden que el casero “es una persona con los recursos suficientes para arreglar el edificio” en el que residen, pero simplemente “ha optado por no hacerlo”.

El caso de Zohra “es de manual”, explicaba a Infobae España Víctor Palomo, portavoz del sindicato: se trata de un gran tenedor y una familia vulnerable que se enfrenta a un desahucio, algo que “está acreditado en el informe de vulnerabilidad”. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y una pequeña cuantía del ingreso mínimo vital. “Actualmente, los precios de alquiler alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud”, añaden desde la organización.

Los Servicios Sociales, recuerda el sindicato, tampoco le han ofrecido una alternativa habitacional “a pesar de que lo ha solicitado durante más de un año”. “Las administraciones no han dado respuesta”. Desde la asociación, insisten en que no se trata de un caso aislado. “Cada vez más, observamos cómo los jueces deciden no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, tomando decisiones de manera deliberada y sin justificación en favor del rentismo”.