El Gobierno descarta regular el papel de la pareja del presidente pese al ‘caso Begoña Gómez’: “Con lo que existe es más que suficiente”

El Gobierno sigue enrocado en su negativa a regular la figura de la pareja del presidente, una petición que no solo llega desde la derecha, ya que también lo planteó este martes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El PNV pidió la semana pasada abordar este asunto en el marco del plan de calidad democrática. Y es que, este debate recurrente se reabrió a partir de la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en el sector privado.

Tanto Moncloa como Ferraz mantienen que “no hay nada” en lo relativo a esta causa que, a todas luces, es una “una causa política, alentada por la derecha y ultraderecha”, especialmente después de la citación de Pedro Sánchez como testigo para el próximo 30 de julio. “Solo tiene un objetivo claro, que es atacar al Gobierno, a su familia y erosionar al Gobierno progresista”, incidió este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga la relación de Gómez con Carlos Barrabés y la recomendación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el empresario (también imputado), después de que este consiguiera varias adjudicaciones millonarias por parte de organismos dependientes del Gobierno.

De esta manera, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, puso el foco en el “aspecto ético” que deberá abordar el plan de regeneración democrática expuesto por Pedro Sánchez en el Congreso. “Hay cosas que no se deben hacer, y no porque las prohíba la ley, es puro sentido común. Hay límites más allá de lo legal, y esto hay que decirlo”, señaló el diputado nacionalista en alusión a las dudas sobre la actuación de Gómez.

Este martes, y después de que la causa judicial volviera a dar otro paso con la citación del presidente del Gobierno, Rufián pidió aprovechar el plan de regeneración democrática para regular la actividad de los “familiares directos” del presidente o presidenta del Ejecutivo. “Hay que regular la actividad, lo que pueden y no pueden hacer los familiares directos de la Presidencia del Gobierno, del presidente o presidenta del Gobierno. Que cuando (el presidente) entre en las funciones de su cargo, sepa su pareja y sus familiares más directos qué pueden y no pueden hacer. Así, seguramente, un juez que utilice su toga para hacer política quizás se corte en hacer según qué cosas”, advirtió.

Sin embargo, en Moncloa no están por la labor. Más allá de obviar este asunto en el marco de las líneas maestras de su plan de calidad democrática, y a pese a las dudas “éticas” que suscita esta cuestión entre sus socios parlamentarios, el Gobierno descarta acometer esta regulación. La explicación es sencilla: “Tenemos la Oficina de Conflictos de Intereses” y con “lo que existe es más que suficiente”, apuntalan fuentes gubernamentales.

Otras voces subrayan la independencia de este órgano directivo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y destacan que está dirigido por Flor María López Laguna desde 2007, por lo que aluden a su “imparcialidad”. Además, en Moncloa recuerdan que esta oficina ya resolvió que Pedro Sánchez no tenía que ausentarse en la votación del rescate a Air Europa en el Consejo de Ministros. Este órgano tomó dicha decisión en respuesta a la petición del PP de investigar la relación de Begoña Gómez con esa decisión del Ejecutivo.

Si bien, cabe señalar que las competencias del ente no alcanzan al entorno del presidente. Esto es, esta oficina supervisa las posibles incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, así como del personal al servicio de las administraciones Públicas. Y, de momento, seguirá siendo así, ya que el Ejecutivo ni siquiera contempla reforzar las funciones del órgano, adscrito con autonomía propia a la Secretaría de Estado de Función Pública.