Bruselas ve avances en la reforma del CGPJ, pero advierte de la “presión indebida” sobre los jueces en España

La Comisión Europea ha valorado este miércoles el “gran progreso” logrado en España para la renovación y posterior reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), alcanzado tras el acuerdo entre el PSOE y el PP con la mediación de Bruselas. Desde la Comisión han indicado que siguen estudiando las aclaraciones a la ley de amnistía aprobada por el Congreso español. Hablan de una norma que ha sido “objeto de una gran controversia en España” por “las circunstancias políticas que rodearon su proceso de adopción y su contenido”, pero se limita a señalar que tras solicitar algunas clarificaciones al Gobierno el Ejecutivo comunitario sigue analizándola.

Bruselas pone el foco en los ataques a los jueces que se están produciendo en países como Eslovaquia, Italia y España, advirtiendo de un posible “riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos afecten a la confianza pública en la independencia judicial”. “En unos pocos Estados miembros (en referencia a estos tres países), existe preocupación por la presión indebida sobre el poder judicial por parte de los políticos o el ejecutivo, y también hay pruebas de presiones procedentes de terceros países”.

Bruselas reconoce que “los tribunales no son inmunes a la crítica y al escrutinio”, pero señala que “la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, habida cuenta de su papel especial en la sociedad”. El informe indica que “ha habido declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces han alertado en repetidas ocasiones sobre dichas declaraciones, tanto cuando criticaban decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto”.

La Comisión Europea ha expresado preocupación por las críticas de algunos miembros del Ejecutivo hacia jueces, especialmente en relación con la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. “La lesión de esta confianza (en la independencia judicial) es especialmente relevante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”, recalca la Comisión en su informe sobre España.

Además, la Comisión celebra el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando que el Partido Popular y el PSOE acordaron con la mediación comunitaria “iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta las normas europeas”.

Entre sus recomendaciones, la Comisión Europea insta al Gobierno a “seguir reforzando el estatuto del Fiscal General del Estado”, especialmente en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, conforme a las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía. A pesar de algunos avances, incluyendo la reforma del estatuto que excluye a personas con cargos políticos recientes y evita que el Fiscal General actúe en casos personales, la Comisión considera necesario finalizar este proceso. En cuanto a la ley de amnistía, Bruselas señala que ha sido “objeto de una gran controversia en España” y aún está bajo análisis tras solicitar clarificaciones al Gobierno. La Comisión recuerda la opinión de la Comisión de Venecia, subrayando la importancia de un mayor tiempo y espacio para la consulta pública y el beneficio de un apoyo de mayoría reforzada en el Congreso.

En la tarde del miércoles, el Gobierno destacó que el informe de la Comisión Europea no incluye ninguna crítica a la ley de amnistía, lo que interpreta como que “avala” la norma. Según fuentes de Moncloa, el informe celebra el “importante avance” que supone el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ.

Finalmente indica que el informe “apoya el plan de acción democrática” impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y anima a España a abordar cambios en la regulación de la publicidad institucional que eviten su uso partidista en todos los niveles de la administración.