La Seguridad Social endurece los requisitos para recibir las pensiones no contributivas: las baja hasta los 129 euros

La Seguridad Social ha implementado nuevas normativas que endurecen los requisitos para mantener y aumentar el importe mensual de las pensiones no contributivas, un tipo de prestación destinada a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente o nunca han cotizado en la Seguridad Social. Estas medidas, que buscan ajustar la cuantía de los subsidios en función de los ingresos adicionales de los beneficiarios, pueden resultar en una reducción significativa de la pensión, dejándola en el mínimo de 129,48 euros mensuales.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas destinadas a personas que no han cotizado lo suficiente al sistema de seguridad social para acceder a una pensión contributiva. Están dirigidas a individuos en situación de necesidad económica que cumplen ciertos requisitos de edad o discapacidad. Existen dos tipos principales: de invalidez, para personas con una discapacidad igual o superior al 65%, y de jubilación, para mayores de 65 años. El objetivo es garantizar un nivel mínimo de ingresos a quienes no tienen acceso a otras formas de protección social. La cantidad que se percibe depende de las rentas del beneficiario y de su unidad de convivencia, con la posibilidad de recibir un mínimo de 129,48 euros y un máximo de 517,90 euros mensuales.

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En 2024, el Gobierno ha aumentado la cuantía de la pensión no contributiva en un 6,9%, situando la cantidad anual íntegra en 7.250,60 euros, o 517,90 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, este incremento está condicionado por los ingresos adicionales que puedan tener los beneficiarios. Según los parámetros fijados por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), cualquier ingreso adicional puede reducir la pensión al mínimo establecido.

La cuantía de la pensión no contributiva se calcula en función de los ingresos personales del solicitante o de su unidad económica de convivencia (UEC). La fórmula utilizada considera el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), junto con factores como la edad del pensionista y si tiene cónyuge o pareja estable.

Para poder acceder a esta prestación, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

• Edad: Tener 65 años o más, o 60 años en caso de invalidez.
• Residencia: Residir en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la edad de jubilación, siendo dos de esos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.
• Ingresos: No tener unos ingresos que alcancen el límite establecido, que en 2024 es de 6.816,48 euros anuales para un pensionista individual, y 13.632,96 euros para una unidad económica de convivencia con un cónyuge.

La Seguridad Social realiza ajustes anuales en la cuantía de las pensiones no contributivas en función de los ingresos adicionales no previstos que puedan tener los beneficiarios. Estos ajustes se realizan al final de cada año, y los beneficiarios deben presentar una declaración anual de rentas durante el primer trimestre para verificar el cumplimiento de los requisitos y ajustar la cuantía de la pensión según los ingresos declarados.

Según el artículo 14 del Real Decreto 357/1991, los ingresos anuales del beneficiario se deducen de la cuantía de la pensión, y si los ingresos totales de la unidad económica superan el límite de acumulación de recursos, la pensión se ajusta para no sobrepasar dicho límite. De este modo, la cuantía mínima será siempre el 25% de la cuantía base, es decir, 129,48 euros mensuales o 1.812,65 euros anuales.

El endurecimiento de los requisitos para recibir las pensiones no contributivas ha generado preocupación entre los beneficiarios, especialmente aquellos que dependen de estos subsidios para cubrir sus necesidades básicas. La posibilidad de que la pensión se reduzca al mínimo de 129,48 euros mensuales implica una merma considerable en los ingresos de los pensionistas más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas.

Este ajuste también pone de relieve la importancia de la transparencia y la precisión en la declaración de ingresos por parte de los beneficiarios. Cualquier omisión o error en la declaración puede resultar en una reducción significativa de la pensión, afectando gravemente el bienestar de los pensionistas.