La abogada española reclamada por República Dominicana niega que se dedicara al tráfico de niños y pide no ser extraditada

Este martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha celebrado una vista de extradición para decidir si entrega a República Dominicana a una mujer española, abogada de profesión, que está acusada de sustracción de menores. Presuntamente los trasladaba de forma ilegal desde el país caribeño a España tras haber sido apartados de sus familias. La procesada ha negado los hechos y ha pedido no ser extraditada.

El modus operandi que relata el escrito de la acusación de la Fiscalía es el siguiente: La estructura criminal simulaba que los niños habían sido maltratados en República Dominicana, por lo que se les solicitaba asilo de protección en España. La letrada habría ingresado en el país “en el mes de enero del año 2023 para planificar y financiar el traslado de los niños que fueron rescatados (...) cuando intentaba llevarlos a España”.

“Existen evidencias de transferencias de dinero realizadas desde España por Carmen H.M. para la imputada (...), e igualmente pagó los pasajes aéreos” para los menores objeto de tráfico, explica el Ministerio Público, que asegura que ella era la que les daba acogida en España “apartándolos de su familia biológica”.

A parte de la española, en la causa hay otros cuatro acusados, todos en el país latinoamericano. Por ello la Fiscalía ha solicitado su extradición al país, ya que consideran que no tiene sentido que sea juzgada en una vista a parte en España. Además, el caso está mucho más avanzado en la Dominicana, estando solamente pendiente de la celebración del juicio y allí tienen todas las pruebas esenciales, como los menores perjudicados y los peritos.

Este movimiento podría ser posible, ya que según la doctrina de la Audiencia Nacional cabe extraditar a nacionales españoles reclamados por países con los que España ha firmado tratados de extradición, como es el caso de República Dominicana, valorando las circunstancias de cada caso.

La defensa de la letrada se basa principalmente en que no cometió el delito, alegando que que ella es solamente una víctima “ingenua”. Simplemente se dedicaba a ayudar a los niños dándoles comida y donaciones como habitualmente hacía con diversas organizaciones, según ha relatado su abogado, Gonzalo Boye.

Para oponerse a su extradición ha dado una serie de argumentos. Por una parte, considera que no se podría llevar a cabo, alegando que el tratado con República Dominicana remite a la ley española, que según jurisprudencia constitucional impide la entrega de una española en este caso. A esto se le suma que de ser entregada, no se podría garantizar la posibilidad de que en República Dominicana pudiera seguir con su tratamiento médico con lo que se pondría el juego su derecho a la vida, además de los derechos de un menor como su hijo, al que tuvo por gestación subrogada.

Boye también ha asegurado que su representada ha recibido amenazas “de la gente de República Dominicana” para que no se defienda y que ello también pone en riesgo su integridad física.

En cualquier caso, el letrado ha estimado que el procedimiento de extradición debe quedar en suspenso mientras el Tribunal Supremo resuelve el recurso que ha presentado contra el acuerdo del Consejo de Ministros que dio luz verde a que el mismo siguiera su vía jurisdiccional, para lo que ha entregado una documentación que acredita que el Supremo ha admitido a trámite el recurso, en el que alega que el Consejo de Ministros “se equivocó en los hechos y en el derecho que aplica”.

*con información de EFE y Europa Press