El Congreso aprueba el nuevo decreto anticrisis: estas son las medidas que afectarán a los ciudadanos

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes el último decreto anticrisis propuesto por el Ejecutivo, por el que se prorrogan algunas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan otras normas urgentes en materia fiscal, energética y social. La propuesta ha salido adelante gracias al apoyo de Podemos -con el que se ha llegado a un acuerdo a última hora-, que ha solicitado como condición la renovación del bono social eléctrico hasta finales de año (y no hasta septiembre, como contemplaba el texto).

Este paquete de medidas se encuentra en vigor desde el pasado 1 de julio (cuando el Gobierno las puso en marcha). Sin embargo, al tratarse de un decreto, tiene que recibir el visto bueno del Congreso y aprobarse por mayoría parlamentaria. Al aceptarse, lo previsible es que se tramite como proyecto de ley para poder introducir después enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, a cuentas de modificar el texto original. Se trata del noveno paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno, para ayudar especialmente a los colectivos más vulnerables, por un valor total de 120.000 millones desde 2020.

Entre las medidas más destacadas, que beneficiarán el bolsillo de los ciudadanos se encuentran:

• Eliminación del IVA para el aceite de oliva hasta el 30 de septiembre, y posterior reducción del tributo al 2% hasta final de año (cuando volverá al 4%).
• Prórroga de la rebaja del IVA de alimentos básicos permaneciendo en el 0% en el caso de leche, pan, harina, fruta, verduras, hortalizas, legumbres, cereales, queso o huevo
• Mantenimiento del IVA al 5% para pastas y aceites de semilla hasta el 30 de septiembre, y posterior reducción del tributo al 7,5% hasta final de año (cuando volverá al 10%)
• Rebajas en el IRPF para las personas que ganen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y se eleva el umbral de tributación a 15.876 euros anuales.
• Prórroga de la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2024.
• Mantenimiento del bono social eléctrico, con un 65 % de descuento para consumidores vulnerables y un 80 % para vulnerables severos. Estos porcentajes se extenderán hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con la fecha de caducidad del resto de medidas.
• Extensión hasta fin de año de la posibilidad de modificar la potencia de los contratos de suministro eléctrico sin penalización.
• Se establece de manera indefinida el derecho de acceso a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para comunidades de propietarios con calefacción y agua colectiva.
• Inclusión de la subida salarial del 2 % para empleados públicos prevista para este año, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Se habilita un aumento adicional del 0,5 % cuando se cumplan las condiciones, si la suma de la variación del IPC adelantado de 2022, 2023 y 2024 supera el incremento salarial aplicado en esos años.

• Derogación del artículo 43 bis de la Ley del Enjuiciamiento Civil para blindar la aplicación de la amnistía ante la posibilidad de que se paralice el procedimiento cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
• Ampliación hasta finales de 2024 de las ayudas a la industria gasintensiva y electrointensiva para compensar los costes adicionales por el aumento de los precios de la energía.
• Continuación hasta fin de año de la reducción del 80 % en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución para la industria electrointensiva.
• Prórroga hasta fin de año del Plan Moves III, destinado a ayudas para la adquisición de vehículos electrificados e instalación de puntos de recarga.
• Actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y entidades locales, desligándolas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
• Nueva asignación de 50 millones de euros para el programa de renovación de flotas de vehículos pesados, tanto de transporte de mercancías como de pasajeros por carretera.
• Libre amortización en el impuesto de sociedades para inversiones realizadas en 2024 y 2025 en vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga, aplicable también a autónomos que tributen por IRPF.
• Las comunidades autónomas recibirán 154.467 millones de euros, 19.983 millones más que en 2023.
• Las entidades locales recibirán 28.557 millones de euros, 5.260 millones más que en 2023.