Más de 700 playas españolas prohíben fumar, pero solo 63 imponen multas: “La medida es simplemente cosmética”

España supera este verano las 700 playas libres de humo. Desde que comenzaron las prohibiciones en el año 2014, el crecimiento ha sido exponencial: en tan solo diez años, se ha pasado de 15 a 707 arenales que han eliminado el tabaco de sus áreas. Sin embargo, estas medidas terminan por quedarse en la apariencia en muchos casos, denuncian desde la organización Nofumadores. “La foto queda muy bonita y como medida concienciadora sirve”, expresa a Infobae España su presidenta, Raquel Fernández, pero al no imponer sanciones “dificulta el cumplimiento”.

En la mayoría de los espacios, los ayuntamientos se limitan a informar a través de carteles de la prohibición de fumar “sin efectuar ningún esfuerzo en su cumplimiento”. Todo ello pese a contar con mecanismos legales a nivel nacional que les amparan, como el artículo 18.1 de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En el apartado l, se permite a los consistorios regular las limitaciones “de fumar en las playas” e imponer sanciones económicas a quienes no las cumplan.

Esta prohibición debe establecerse a través de ordenanzas municipales, pero muchos pueblos carecen de ellas. A la falta de legislación local se suma la falta de vigilancia y de comunicación con la ciudadanía y los turistas, por lo que en muchos casos no se respetan estas zonas libres de humo.

En este amplio espectro de vacío legal, existen algunos municipios que sí han abogado por imponer multas a quienes fumen en sus playas. Desde Nofumadores destacan los casos de Barcelona, Lloret de Mar y varios puntos de las Islas Canarias, en los que los ayuntamientos han aprobado ordenanzas municipales.

Así, en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, las sanciones por fumar pueden llegar a los 300 euros, mientras que en Mogán, al sureste de la isla, los infractores enfrentan multas de hasta 1.800 euros por arrojar colillas y de hasta 400 euros por fumar. También se imponen en Santa Cruz de Tenerife y en El Rosario, donde se puede llegar a pagar 750 euros de sanción.

En la provincia de Barcelona, las multas van desde los 30 euros de la capital hasta los 500 euros de las playas de Calella. Lloret de Mar (Girona) impone desde la pasada Semana Santa sanciones de 30 euros en sus 12 playas y calas durante todo el año.

Mientras el Ministerio de Sanidad impulsa su legislación para ampliar los espacios sin humo, Nofumadores ha recogido 396.000 firmas en Change.org con la intención de que el Gobierno apruebe “una ley nacional que declare a todas las playas como libres de tabaco, vapeo y, sobre todo, sus residuos”.

La prohibición de fumar en las playas, afirma Fernández, “va a ayudar a ese 70% de fumadores que quiere dejar de serlo” a eliminar su consumo de tabaco “porque evidentemente, cuando ya no es tan cómodo el fumar en cualquier sitio y momento, tenemos una motivación extra para dejar de fumar”. La medida, igualmente, ayuda al resto de la población a dejar de ser fumador pasivo y “evita que los más jóvenes vean el fumar como algo normal”.

Más allá de los efectos perjudiciales para la salud, las colillas suponen el residuo plástico individual más numeroso en el fondo marino y suponen hasta el 30% de todos los residuos en espacios naturales. En España, se calcula un consumo de 32.800 millones de cigarrillos anuales, de los que un 15% termina en las playas. Al evitar su consumo en las playas, se evitaría “que los niños jueguen con colillas cuando hacen castillos de arena” a la vez que ayudaría “a los ayuntamientos a reducir gastos de limpieza”. “Las colillas son plásticos de un único uso, que además contienen un gran número de tóxicos que contaminan hasta 50 litros de agua y tardan más de diez años en degradarse”, recuerda Fernández.. “Realmente, es un beneficio para todos, para la sociedad en conjunto”, concluye.