Estrasburgo falla que el coste del despido improcedente no es justo y critica la derogación de los salarios de tramitación

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ubicado en Estrasburgo ha emitido resolución favorable a la reclamación colectiva presentada por UGT en marzo de 2022 sobre el coste de los despidos improcedentes. Según ha confirmado este lunes el sindicato, el documento concluye que la legislación española no cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea (CSE) ratificada por España en julio de 2021, aunque la decisión ya se filtró en marzo y el texto exacto se conocerá el próximo lunes. Según UGT, el fallo concreta que la compensación “fija y predecible” de 33 días por año trabajado cuando las empresas llevan a cabo despidos improcedentes “no es suficiente para cubrir los daños reales sufridos por los trabajadores despedidos y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores”.

Conforme a lo explicado por UGT, el CEDS considera que el sistema de compensación español no tiene en cuenta factores como el impacto del despido en la carrera del trabajador, sus circunstancias personales o los posibles daños morales. En la misma línea, la resolución señala que la práctica ausencia de los salarios de tramitación en el sistema español disminuye la efectividad compensatoria y disuasoria de la indemnización. Estos salarios eran los que las empresas debían pagar a los trabajadores mientras durara el procedimiento judicial de denuncia por despido sin causa justificada, pero la reforma laboral de 2012 los eliminó excepto si el trabajador es readmitido.

El fallo critica además que, aunque existe la opción de la readmisión tras un despido improcedente, “rara vez” se aplica en la práctica en España, explica UGT, lo que limita las posibilidades de los trabajadores de recuperar su empleo. Así lo reflejan también los datos de la OCDE, que certifica una menor protección para los despidos improcedentes por este motivo en comparativa internacional.

“Los empresarios que quieran despedir sin causas objetivas no deben de saber cuál es el coste que tiene para ellos ese despido, porque si lo saben se pierde el valor disuasorio”, ha resaltado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En su opinión, el coste del despido improcedente debería “impedir” que “al empresario le valga la pena despedir”. El objetivo final del sindicato no es solo aumentar el coste del despido, sino conseguir que “no haya tanta ligereza a la hora de despedir” ante la incertidumbre del coste del despido.

UGT ha insistido en que la resolución del CEDS tiene carácter “vinculante”, de manera que si el Gobierno no legisla en consecuencia, los tribunales tendrán que tener en cuenta el fallo para resolver cada situación concreta. El sindicato quiere impulsar la negociación tripartita con el Ejecutivo y la patronal para adecuar la legislación a los aspectos que señala la resolución, pero ya tiene previsto que “a corto plazo no haya un cambio legislativo”, por lo que anima a las personas despedidas a denunciar.

El Gobierno tiene una postura dividida al respecto. A pesar de que el acuerdo de coalición recoge que se establecerán “garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la CSE y reforzando la causalidad” del despido, el Ministerio de Economía rechaza encarecer el despido o establecer un sistema de despidos personalizados como señala el CEDS.

Según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo, fue el Ministerio de Economía el que trasladó en una respuesta parlamentaria que la reparación actual ya es “adecuada”, pero la cartera de Yolanda Díaz no lo comparte. De hecho, su intención es que cuando se logre legislar la reducción de la jornada laboral abrirá una mesa de diálogo social para abordar la modificación del despido. Según los avances en la negociación de la jornada, esto sitúa el plazo para abordar la reforma del despido dentro de meses, seguramente más tarde de 2024.

La falta de sintonía entre los dos partidos de la coalición respecto al despido ya se escenificó en una jornada en el Congreso de los Diputados celebrada en mayo. Desde el PSOE se incidió en que, en cualquier caso, una reforma de las características del despido tendría que estar respaldada al completo por el diálogo social, es decir, que cuente también con el apoyo de los empresarios. Incluso fuentes de Trabajo dan por descontado que esto no sucederá, ya que la vuelta a los 45 días de indemnización por despido improcedente se eliminó de la reforma laboral de 2021 para conseguir el apoyo de la CEOE y provocó el voto en contra de EH Bildu y ERC.

Si se termina abriendo una negociación tripartita, UGT propone varias reformas. La principal es que las compensaciones sean “resarcitorias”, basadas en los “daños reales sufridos por los trabajadores despedidos, incluidos los daños morales y el impacto personal del despido”. En segundo lugar, UGT pide elevar los topes de las compensaciones, estableciendo una indemnización mínima de seis meses por despido improcedente, algo que ya estuvo recogido en una ley española de 1976.

Además, buscarían “fomentar la reincorporación”, reintroducir los salarios de tramitación y “asegurar una tramitación judicial más rápida” para que las disputas de despido se resuelvan de manera más acelerada.