España rozó en enero de 2024 los tres millones de empleados públicos (2.968.522), un ligero aumento en comparación con el año anterior y una nueva cifra récord debida en parte a cambios metodológicos. No obstante, lo más llamativo de este volumen de trabajadores públicos es su composición: el 24,5% de los puestos (728.572) están ocupados por funcionarios interinos y otros 327.018 se ubican en modalidades que tampoco son fijas, fundamentalmente personal laboral temporal y eventuales, sin contar con los trabajadores en prácticas (otros 88.531). El empleo público tiene un problema de elevada temporalidad contractual, aunque los trabajos realmente pueden llegar a durar años.
Los interinos son funcionarios nombrados para desempeñar las funciones propias del personal funcionario de carrera, pero de manera temporal (sin tener plaza) por razones de necesidad y urgencia. Son el grupo más numeroso y representativo de la temporalidad abusiva del empleo público en España, ya que algunos permanecen en esta situación hasta 30 años sin llegar nunca a conseguir un puesto fijo.
Durante el periodo posterior a la crisis financiera, las administraciones contrataron más interinos ante las restricciones presupuestarias y la tendencia creciente se volvió a impulsar con la pandemia, cuando se suplió con interinos la escasez de personal sobrevenida, especialmente en la sanidad. Lejos de descender, la ratio de interinidad se ha mantenido o ha repuntado una vez terminada la crisis sanitaria a pesar de que la Ley 20/2021 urge a reducir la temporalidad en el sector público, estabilizando puestos temporales.
Según los datos publicados este viernes por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el número de interinos ha caído un 4,6% en enero de 2024 respecto al mismo periodo del año anterior, pero la cifra es muy superior a la de los años anteriores. Si se compara con julio de 2019, primer dato desagregado disponible, hay 196.074 interinos más repartidos en la administración regional, estatal y local, un 36,8% más. Lo sucedido en la pandemia, sumado a un cambio metodológico, explica por qué la tasa de la temporalidad del sector público se resiste a caer. En el último año han “aflorado plazas temporales no identificadas en las Administraciones Públicas” durante el proceso de revisión para los procesos de estabilización, según señala UGT.
Y así lo confirma también el Ministerio, que explica un cambio metodológico desde enero de 2023 en los datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Ahora se incorpora información sobre todos los contratos temporales, también los de duración inferior a seis meses, y categorías de personal que no se estaban teniendo en cuenta, como en formación o prácticas. Esto lleva a sumar a miles de empleados públicos, en su mayoría temporales, y permite que las cifras oficiales de empleados públicos recogidas en este boletín se acerquen más a las que da la Encuesta de Población Activa del INE.
El problema de la elevada temporalidad en el empleo público se concentra en las comunidades autónomas, que tenían una tasa de interinidad del 33,5% en enero de 2024, frente al 15,3% de la administración local y tan solo el 3,1% de la estatal. Se trata de plantillas muy feminizadas (el 72,9% de los interinos son mujeres) y especialmente ubicadas en la sanidad y la educación no universitaria, ya que ambas suman el 74,8% de los interinos totales y son, precisamente, competencias autonómicas.
La región con mayor nivel de interinidad es el País Vasco, con un 41%, y le siguen las Islas Canarias (36,9%) y la Comunidad Valenciana (32,9%). En el lado opuesto, la región con menor peso de los interinos es Castilla y León (16,6%) sin contar a Ceuta y Melilla, ambas por debajo del 15%.
La temporalidad supera el 29% frente al 8% prometido
La ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público surge como uno de los requisitos para recibir fondos asociados al componente 11 del Plan de Recuperación y prometía que la tasa de temporalidad en el empleo público del conjunto de las administraciones se situaría “por debajo del 8% de las plazas estructurales”.
Según la EPA del primer trimestre de 2024, el 29,5% de los ocupados en el sector público son temporales, cifra que, aunque se ha ido reduciendo desde el máximo del 32,7% registrado en el pico de la pandemia, es aún superior a la del último trimestre de 2019 (27,8%). Esta clara distancia, más allá de que la tasa de temporalidad se pueda calcular con otros matices, evidencia que no se llegará al objetivo en el corto ni en el medio plazo.
Un objetivo más fácil de cumplir es otro que no está en la ley explícitamente y que se autofijó el Gobierno, pero que no permitirá llegar a la tasa del 8%. La ley estableció un plan de estabilización de empleo temporal irregular (plazas cubiertas temporalmente desde hace tres o más años) y el Ejecutivo calculó inicialmente 300.000 plazas a estabilizar.
Según los datos de UGT a fecha de mayo de este año, las administraciones ya han ofertado 592.473 plazas de estabilización, de las cuales han salido convocatorias para 521.941 y se han cubierto 225.082, por lo que es factible llegar al objetivo antes del 31 de diciembre de 2024, fecha límite para la resolución de los procesos selectivos de este tipo. No obstante, tanto UGT como CCOO han criticado en los últimos años que los procesos selectivos están siendo lentos, tanto en la fase de corrección de exámenes como en la de baremación de los méritos laborales y académicos.
Judicialización
Mientras la Ley 20/2021 y los procesos de estabilización derivados de ella están tratando de ir reduciendo la temporalidad, sin avances muy notables hasta la fecha en los datos agregados, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha resuelto denuncias de empleados públicos temporales que llevan décadas en esa situación. El fallo más reciente es el del pasado 13 de junio de 2024, en el que el TJUE solicitó la conversión de tres interinos en fijos con condiciones similares a los funcionarios de carrera. Una sugerencia de conversión automática que genera problemas porque los tribunales españoles la están rechazando por vulnerar los criterios de acceso.
Fallos anteriores, como el del 22 de febrero de este año, señalan también que España comete “abuso” de temporalidad en el sector público y considera insuficientes las indemnizaciones por despido del personal laboral temporal. Desde el Ministerio competente en Función Pública, se ha señalado en reiteradas ocasiones que estas sentencias no analizan los procesos de estabilización fijados en la ley de 2021 y que no son de aplicación directa en España, por lo que el Gobierno no tiene previsto tomar más medidas de las ya puestas en marcha.