La lucha de los vecinos de un pueblo de Tarragona para que el Gobierno se haga cargo de los daños de una ‘voladura controlada’

Los vecinos de Lilla tienen sobre la mesa un nuevo compromiso para el pago de las indemnizaciones por las grietas provocadas durante las obras de la A-27 en 2019. Del centenar de casas que hay en esta pedanía de Montblanc (Tarragona), 86 viviendas se han visto afectadas por las voladuras ejecutadas para la construcción del tramo entre Valls y Montblanc. Tras las ideas y venidas del Ministerio de Transportes, primero con Raquel Sánchez y ahora con Óscar Puente, la empresa contratista, Acciona, trasladó este jueves a los afectados que antes de finalizar el mes de julio les pagará las indemnizaciones por los daños, valoradas en 635.748,63 euros.

Este anuncio se produjo dos semanas después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometiera a solucionar esta problemática en una reunión con Junts Per Catalunya en Madrid. Los diputados del partido independentista Josep Maria Cruset (Tarragona) e Isidre Gavín (Lleida) arrancaron este compromiso tras varios meses de negociaciones –Junts llegó incluso a amenazar con tumbar una votación en el Congreso– y una “decisiva reunión” con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Los detalles del pago, que se hará a lo largo de la semana próxima en las dependencias del Ayuntamiento de Montblanc, se cerraron el jueves en una reunión entre el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Santiago Castellano; el Jefe de la Unidad de Carreteras de Cataluña, Vicenç Vilanova; representantes de la empresa adjudicataria de las obras; el alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó; la alcaldesa de la pedanía de Lilla, Glòria Rovira; y representantes de los vecinos afectados.

Estos mismos vecinos acogieron con escepticismo el anuncio del compromiso de pago que el propio diputado Josep Maria Cruset les trasladó el pasado 4 de julio. Y es que no era la primera vez que el Ministerio de Transportes hacía esta promesa. Hasta en dos ocasiones, en 2022 y en 2023, el Gobierno español se comprometió a asumir el coste de las obras de los inmuebles afectados.

Hace dos años, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) firmó un acuerdo con los afectados por el que aseguraba que la administración pública pagaría las indemnizaciones, y en octubre de 2023, la entonces titular de este departamento, Raquel Sánchez, ratificó este compromiso durante la inauguración del tramo de la A-27. “Dados los problemas que los vecinos están teniendo para recibir las indemnizaciones de la empresa responsable de los daños, y para que estos puedan cobrarlas lo antes posible, Mitma ha decidido asumir su pago y posteriormente emprender la reclamación de esta cantidad a la citada empresa”, pronunció. Pero el pago no se produjo.

Y en mayo de este año, el ministerio de Óscar Puente se echó para atrás y aseguró que no se hacía responsable. Según se extrae de una respuesta parlamentaria, ante la petición de Josep Maria Cruset, Transportes se lavaba las manos y derivaba a los afectados a reclamar a Acciona. “A la vista de la documentación obrante en el expediente, se emitió informe por el órgano de contratación de fecha 27 de mayo de 2024 en el que declara al contratista responsable de los daños y perjuicios causados en los inmuebles de la localidad de Lilla, como consecuencia de las voladuras realizadas durante la ejecución del contrato” de las obras.

Este informe valora la indemnización a los afectados en 635.748,63 euros (IVA 21% incluido), “más los intereses legales que se generen, todo ello sin perjuicio de la actualización del indicado importe en atención a la previsible evolución de los daños sufridos, levantándose con este acto la interrupción de la prescripción, y dejando expedita a los perjudicados la posibilidad de recabar, en su caso, la tutela jurisdiccional ante los órganos del orden civil”, añade el escrito.

Ahora, la situación está cerca de reconducirse después de la entrada en escena de Junts. Josep Maria Cruset, en unas declaraciones a Infobae España, muestra su satisfacción por el fruto de sus negociaciones con Transportes. “El pago no era una prioridad para el Ministerio”, añade, y afea el intento de este departamento de dejar las indemnizaciones en el limbo judicial. “No es de justicia que unos daños tengan que quedar supeditados a que dentro de tres o cuatro años alguien decida si le toca a uno o a otro pagarlos. En la Administración Pública, la cosa no va así”, explica el diputado de Junts a este medio.

Por si no fuera suficiente, los vecinos de Lilla, que protestaron en varias ocasiones durante los últimos años para reclamar el pago de las indemnizaciones por las grietas de sus viviendas, se vieron afectados por el impacto acústico por el paso de vehículos por la autovía.

Al respecto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró estar “ejecutando en estos momentos unos 24 metros lineales de pantalla de cuatro metros de altura, en prolongación de la pantalla instalada inicialmente”, para proteger a la población de Lilla del impacto sonoro de la autovía A-27. “Con esta actuación quedaría resuelto el problema”, informó el departamento dirigido por Puente en otra respuesta parlamentaria.