Estas son las claves de la polémica de Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, y los puntos violeta

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, se ha visto envuelta en una nueva polémica que ha acaparado las portadas de los medios españoles. Tanto ella como su mujer, Elisabeth García, habrían obtenido 64 contratos públicos para la gestión de Puntos Violeta en varios municipios gobernados por el PSOE, partido al que la directora ha estado vinculado durante gran parte de su carrera política.

Según las informaciones publicadas por el diario El Español, muchos de contratos fueron adjudicados a dedo y otros habrían sido amañados. En total, habrían obtenido más de 250.000 euros de esas adjudicaciones. Desde la publicación de la noticia, se han sucedido las declaraciones que piden su dimisión, tanto desde Sumar como el Partido Popular. Desde el Ministerio de Igualdad, Ana Redondo ha decidido dar a García “tiempo para que se explique” y dé “todo tipo de información” que aclare el asunto. La ministra considera que la directora del Instituto de las Mujeres actuó “como está legalmente establecido”.

Según explicó la propia Isabel García en redes sociales, constituyó junto a su mujer una empresa consultora de igualdad en el año 2022. En ese momento “ya no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE”, aseguró en redes sociales. El Español publicó que la actual directora del Instituto de las Mujeres está presente en dos consultorías creadas por ella y su pareja: Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad. Ninguna de las dos empresas tiene trabajadores dados de alta y utilizan mayormente voluntarios para la organización de sus actividades.

Desde el año 2022, se ha presentado a diversos concursos públicos para la gestión de los Puntos Violeta en varias localidades. Estos espacios están diseñados para apoyar y atender a las víctimas de violencia de género, así como proporcionar información sobre los recursos y servicios disponibles en caso de que suceda una agresión. El Ministerio de Igualdad promueve desde hace años este tipo de espacios, con el objetivo de involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y difundir ampliamente la información necesaria para saber cómo actuar en estos casos.

En estos dos últimos años, las compañías de Isabel y Elisabeth García han conseguido adjudicaciones de contratos por parte de decenas de ayuntamientos socialistas, entre los que mencionan San Fernando de Henares (Madrid) y varios municipios valencianos: Catarroja, Picanya, Burjassot, Moncada, Manises, Sueca, Godella, L’Eliana, Burjassot, Alcàsser, La Vall d’Uixó, Cullera, Alaquàs, Llíria y Foios.

Al tratarse de pequeños espacios y contratos de bajo valor, muchos de los contratos eran de concesión directa. Así habría sucedido el pasado mes de junio, cuando Elig Consultoría consiguió un contrato menor (1.000 euros) del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) para la gestión de los Puntos violeta en las fiestas patronales. En ese momento, García ya era directora del Instituto de las Mujeres.

No obstante, en otras ocasiones, las consultorías de Isabel García habrían obtenido otras licitaciones de mayor beneficio, para las que habría amañado el proceso, como en el caso de San Fernando de Henares. En este municipio madrileño, se presentaron tres empresas a dos concursos que ofrecían servicios similares, si bien una de ellas pedía un precio sensiblemente inferior. Dos de las compañías pertenecían a García y su mujer. La tercera, Afianza Global Service SL es propiedad de María Tato, quien pertenece a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y está vinculada con la organización del Mundial 2030. La empresa habría actuado como falsa competidora, permitiendo aparentar que varias compañías participaban en el concurso, cuando en realidad, las adjudicaciones ya habrían sido acordadas de antemano. El correo que presentaba esta tercera compañía como contacto era el de la propia Isabel García.

Tras las publicaciones de El Español, la directora del Instituto de las Mujeres ha publicado una carta en Twitter (ahora X) en la que asegura que tiene “la conciencia tranquila” y cumple “escrupulosamente la Ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado”. Defiende que todos los proyectos conseguidos por las consultoras se ofertaban a empresas privadas, entidades públicas e instituciones semipúblicas.

Isabel García ha explicado que, una vez fue nombrada para el cargo en el Ministerio de Igualdad, contactó con la Oficina de Conflicto de Intereses para saber cómo proceder respecto a las consultorías a su nombre. “Se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre el 8%″, ha asegurado. Afirma estar desvinculada de la titularidad y la gestión de ambas sociedades y que ninguna de las dos empresas ha recibido “un solo contrato del Instituto de las Mujeres” desde su creación.