Sánchez desoye el origen de sus días de reflexión para desgracia de sus socios: los jueces se quedan fuera de su plan de regeneración

Entre las líneas maestras del plan de regeneración esbozado por Pedro Sánchez no figura ninguna relacionada con la acción del poder judicial. Fue una de las grandes ausencias en su comparecencia en el Congreso de este miércoles para desgracia de sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, que criticaron además su pacto con el PP sobre “uno de los principales actores de la maquinaria del fango”, en alusión al Consejo General del Poder Judicial.

Y es que, el germen de este paquete de medidas aún por concretar, cuya necesidad fue la conclusión de sus cinco días de reflexión, fue la apertura de una causa judicial contra su esposa, Begoña Gómez, una decisión que el Gobierno echa por la borda al partir de una denuncia “falsa” y “llena de bulos”. Además, el propio presidente del Gobierno ha criticado la actuación ejercida por el juez instructor, Juan Carlos Peinado, que imputó a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

Tras su regreso y su anuncio de quedarse al frente del Ejecutivo, Sánchez explicó que su decisión suponía “un punto y aparte” y asumió su compromiso de “trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades”. En este sentido, además de apuntar al papel de los medios de comunicación y, especialmente, a los “pseudomedios”, Sánchez señaló al poder judicial, al decir que las “denuncias falsas” (en alusión a la presentada por Manos Limpias contra su mujer) se presentan ante los tribunales, que a su juicio, están contribuyendo a “minar la credibilidad y el prestigio” de una institución básica para el funcionamiento de la democracia.

Pero esta parte del diagnóstico desapareció del guion del presidente del Gobierno esbozado este miércoles en el Congreso, cuando redujo su plan de regeneración democrática a líneas maestras para elaborar junto a los grupos parlamentarios las medidas concretas del Plan de Acción por la Democracia. En esencia, Sánchez llamó a “proteger y fortalecer nuestra democracia, dotándola de más transparencia y rendición de cuentas en tres ámbitos clave: el poder ejecutivo, los medios de comunicación y el poder legislativo”.

La ausencia de iniciativas en el ámbito judicial, como hasta hace poco defendía Sánchez, contrasta con el acuerdo entre el PSOE y el PP para desbloquear después de cinco años y medio la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Este pacto, criticado por el resto de partidos del arco parlamentario, incluyó una reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal a través de una Proposición de Ley Orgánica, que recibirá el visto bueno del Parlamento a finales de este mes.

Entre las principales novedades, la norma exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, y reforzará el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos y viceversa, lo que se conoce como puertas giratorias. Además, se encomendará al nuevo órgano de gobierno de los jueces la elaboración de una propuesta para el nombramiento de sus vocales judiciales.

Al margen de esta regulación pactada con los populares, el Gobierno no contempla hacer cambios legislativos en materia de justicia, más allá de la intención expresada por el presidente de “reforzar” los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos frente a las “calumnias de los pseudomedios”. En este sentido, la comparecencia de Sánchez ha sabido a poco a Sumar, y a otras formaciones a la izquierda del PSOE, como ERC, EH Bildu, Podemos o BNG, así como a otros aliados de Sánchez, como el PNV y, por supuesto, Junts.

Sus representantes dedicaron gran parte de sus intervenciones a afear esta ausencia, además de criticar la falta de medidas concretas. Así, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, exigió al líder del Ejecutivo que se atreva a plantear un plan de regeneración más ambicioso al anunciado en el Congreso “para socializar el poder”. “En España, la democracia está cercada por poderes que actúan como corporaciones privadas”, añadió.

Su compañera de bancada Águeda Micó (Compromís) desarrolló posteriormente esta idea ante los medios, lamentando que el presidente dejara fuera del plan de regeneración las reformas en materia de justicia. En este sentido, defendió la necesidad de recuperar la responsabilidad civil directa contra jueces y limitar el abuso de la acción popular, que hacen formaciones como Vox o asociaciones como Manos Limpias, para propiciar lawfare.

“El Poder Judicial es en estos momentos uno de los órganos del Estado que más problemas está conllevando para la profundización del sistema democrático y de la acción política de los diferentes diputados y personas que se dedican a la política”, explicó. Por ende, desde el grupo liderado por Yolanda Díaz avanzan que incluirán esta cuestión en las negociaciones con el PSOE para articular este Plan de Acción por la Democracia.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, y la líder de Podemos, Ione Belarra, también lamentaron que los socialistas pactaran las reformas que afectan a “uno de los principales actores de la maquinaria del fango” con el PP, como acuñó el representante de los republicanos. La secretaria general de los morados cuestionó el pacto con los populares en materia judicial por el que se legitima “la guerra sucia judicial”, pronosticando que “va a continuar en España porque el PSOE así lo quiere”. Asimismo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, admitió que existe “un uso espurio de los tribunales por los adversarios políticos” y le recordó al presidente del Gobierno que él mismo “lo está viviendo”.