La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha pedido que la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, sea destituida. La exigencia de Montero se une a otras como la de la senadora Carla Antonelli o el partido Sumar, tras publicarse un posible caso de corrupción que envuelve a García y su pareja.
Según las informaciones reveladas por el diario El Español, Isabel García Sánchez y su pareja, Elisabeth García, obtuvieron al menos 64 contratos “a dedo” de varios ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y otras actividades en promoción de la igualdad y el feminismo. Lo habría hecho a través de dos consultorías (Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad) que, según las investigaciones de El Español, está domiciliada en un chalet de Getafe que sería uno de los domicilios de García.
La suma total de estos contratos ascendería a 250.000 euros desde el año 2022. Desde diciembre de 2023, tras el nombramiento de García como directora del Instituto de las Mujeres, se habría hecho con dos nuevos concursos en la localidad madrileña de San Fernando de Henares por valor de 23.000 euros. Su cargo ya levantó la polémica por aquel entonces debido a varios comentarios tránsfobos que había realizado en redes sociales.
García: “Tengo la conciencia tranquila”
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció el miércoles que pediría explicaciones a la directora del Instituto de las Mujeres por este caso. “Voy a pedir explicaciones esta misma mañana y voy a escucharla”, respondió ante las preguntas de los periodistas.
Este jueves, García ha publicado una carta en la red social Twitter (ahora X) en el que asegura tener “la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho las cosas bien”. Según explica la directora, en el año 2022, cuando no ostentaba “ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE”, constituyó una consultoría de igualdad junto a su mujer para centrar su actividad “en proyectos enfocados a la igualdad real entre hombres y mujeres”. Sus proyectos se ofertaban a empresas privadas, entidades públicas e instituciones semipúblicas, según relata.
Tras su nombramiento, contactó con la Oficina de Conflicto de Intereses para saber cómo proceder. “Se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre el 85″, ha asegurado. Afirma estar desvinculada de la titularidad y la gestión de ambas sociedades y que ninguna de las dos empresas ha recibido “un solo contrato del Instituto de las Mujeres” desde su creación.
La ahora directora del Instituto de las Mujeres ha expresado que facilitará “toda la información que sea precisa” al respecto de las dos consultorías “para que no quede ninguna duda” sobre su gestión “ni sobre ninguno de los contratos”. Ha exigido además “una rectificación al periódico digital que ha vertido tan serias acusaciones” sobre ella y su pareja. García no descarta “emprender acciones legales” contra dicho medio.
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