El Gobierno descarta encarecer las horas extra en la ley de reducción de jornada y enfría la denuncia de UGT a Estrasburgo

El Ejecutivo ha contestado a la reclamación colectiva que UGT presentó ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (con sede en Estrasburgo) por considerar que España incumple la carta social europea en lo relativo al pago de las horas extraordinarias. La denuncia fue admitida a trámite en mayo y tanto el Gobierno como la patronal europea tenían de plazo hasta este miércoles para plantear sus alegaciones. Aunque se desconoce por el momento la respuesta exacta, fuentes conocedoras de la misma confirman que este asunto no implicará modificaciones legales en el corto plazo y se refieren al contenido de algunos convenios colectivos para cuestionar la postura de UGT.

Según explicó el sindicato en su denuncia, la legislación española no se ajusta a lo que recoge el artículo 4.2 de la Carta Social Europea, que establece que los trabajadores tienen derecho “a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias”. El Estatuto de los Trabajadores no contempla este aspecto, por lo que las horas extra se pueden pagar con la misma cuantía que las ordinarias, mientras que en otros países del entorno la retribución es superior. La intención de UGT es que se establezca un sobrecoste del 25% en el escenario más optimista, aunque el sindicato también ha propuesto por otra parte al Ministerio de Seguridad Social que las horas extra cuenten para reducir la edad de jubilación.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, señaló en una rueda de prensa en junio que este tema se incorporaría al debate de la mesa de la reducción de la jornada laboral, en la que también están las patronales, algo que no ha sucedido ni sucederá. Fuentes técnicas señalan que dado el carácter legal y los tiempos del procedimiento no se incorporará en el anteproyecto de ley de reducción de la jornada.

La resolución puede tardar unos tres años desde la admisión a trámite, según reconoció UGT en enero, en línea con lo que ha sucedido con la denuncia por el coste del despido, y fuentes del Ministerio de Trabajo defienden que el tema se abordará cuando haya un pronunciamiento definitivo de Estrasburgo, no ahora. Cabe recordar que este tipo de reclamaciones colectivas son posibles porque España ratificó la Carta Social Europea revisada en 2021, algo que las principales potencias de la UE ya habían hecho hacía años.

Independientemente de lo que considere finalmente Estrasburgo, el Gobierno explica en su respuesta que el coste de las horas extra en España no es únicamente el que fija el Estatuto de los Trabajadores porque la negociación colectiva ya ha ido más allá. Señala que algunos convenios colectivos establecen un coste más elevado para la jornada extraordinaria que para la ordinaria.

Además, en el Ministerio de Trabajo sostienen que el principal problema de las horas extra no es la retribución, sino los excesos de horas extra impagadas. En esta línea defienden que las empresas que legalmente amplían la jornada de manera puntual suelen recompensar a los trabajadores con descansos retribuidos, no con retribuciones directas.

Por todo ello, el Gobierno ha preferido centrar este tema en acometer un endurecimiento del registro horario a través de la ley de la reducción de jornada; elevar las sanciones a las empresas que lo incumplan y profundizar en el derecho a la desconexión digital en vez de abrir el debate del coste de las horas extra.