Trabajo ofrece a CEOE que la reducción de la jornada se aplique unos meses más tarde y los sindicatos amenazan con movilizaciones

El Ministerio de Trabajo se ha reunido este miércoles con las patronales y los sindicatos en la mesa de negociación de la reducción de la jornada laboral sin que se hayan producido avances significativos respecto a la última reunión, en la que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, entregó un nuevo borrador legislativo a los agentes sociales. El documento reinició las negociaciones, que hasta entonces pasaban por ultimar solo un acuerdo con los sindicatos, algo rechazado por parte del Gobierno. Fuentes del Ministerio de Economía se inciden en que la reducción de la jornada laboral tiene que ser acordada con la patronal e implantada de manera flexible en las empresas, ya que solo de esa manera se conseguirán los apoyos parlamentarios necesarios y podrá durar en el tiempo.

Según ha explicado el secretario de Estado a los medios, la reunión de este miércoles ha ahondado en la posibilidad de que las empresas se incorporen de manera “paulatina” a las 37,5 horas. El ministerio ofrece aprobar unos plazos “más flexibles” de entrada en vigor de la norma para atraer a la CEOE, lo que por el momento se traduce en permitir una transición a la jornada reducida lo largo de todo 2025 en vez de que se tenga que aplicar desde el uno de enero.

El Gobierno busca así que la entrada en vigor “no sea tan abrupta” y se están negociando las fórmulas concretas de aplicación que pueden tener la “complicidad” de los convenios colectivos, según ha detallado Pérez Rey. La fecha tope oficial de reducción a 37,5 horas sigue siendo, por el momento, el 31 de diciembre de 2025, y se barajan medidas de adaptación como que las empresas den más permisos adicionales o más días de vacaciones.

El pacto de coalición establecía la reducción a 38,5 horas en cómputo anual en 2024 y a 37,5 horas en 2025, pero los tiempos advierten de la cada vez más complicada aplicación de la primera fase. La mesa se volverá a reunir el próximo 29 de julio con pocas probabilidades de cerrar un acuerdo antes de agosto y trasladando la continuación de las negociaciones a después del verano, lo que deja menos margen para aprobar la medida en el año en curso.

Durante la reunión también se ha debatido, sin concretar nada, sobre la mayor flexibilidad para distribuir la jornada irregular durante 2025. El ministerio planteó en la última reunión que las empresas puedan distribuir irregularmente la jornada en los límites vigentes actualmente en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, pero “en lugar de con las horas que resultarían tras la reducción, con las horas previas”. Es decir, que los sectores con más dificultades de adaptación podrían distribuir un 10% de la jornada actual (superior a las 37,5 horas en cómputo anual) de manera irregular durante el próximo año.

Esto permite un mayor periodo de transitoriedad en sectores como la hostelería o el agrario y se propone pensando en que de esta manera podrían concentrar jornadas más largas en los periodos en los que sean necesarios y recortarlas cuando haya menos carga de trabajo para prepararse a aplicar completamente las 37,5 horas. Por último, Trabajo ha sacado un nuevo tema a negociar en la mesa que es la profundización del derecho a la desconexión digital sin dar más detalles de qué se plantea hacer.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha criticado que las negociaciones no avanzan: “A estas alturas todavía no tenemos una propuesta concreta ni tampoco las partes hemos avanzado demasiado, estamos en una especie de bucle”. Por ello, aunque asegura que la intención es cerrar un acuerdo tripartito, ha anunciado que, junto con UGT, se convocaran movilizaciones a principios de septiembre si no hay avances “importantes” en la reunión del próximo 29 de julio. “Seguiremos en la mesa, pero también nos movilizaremos en la calle y en las empresas para que la medida sea real”, ha defendido.

El vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, se ha manifestado en la misma línea incidiendo en que los sindicatos pueden ser “flexibles” a la hora de adaptar convenios, pero no aceptarán una reducción de la jornada en 2026 o en años posteriores. “Transitoriedad, sí, aplazamiento, no”, ha defendido. “El tema de la transitoriedad tiene que estar tasado y tienen que ser medidas excepcionales”, ha añadido Vicente.