Sánchez afronta sin “propuestas concretas” su ‘día D’ en el Congreso casi tres meses después de sus cinco días de reflexión

La expectación sobre el contenido del plan de “regeneración democrática” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es máxima desde que a finales de abril, tras su periodo de reflexión de cinco días, anunciara su intención de impulsarlo. Ante la petición de la izquierda de aprovechar la coyuntura para hacer cambios profundos, el líder del Ejecutivo acude al Congreso con la pretensión de enumerar las materias que habrán de abordarse con el resto de grupos parlamentarios para sustanciarse posteriormente en iniciativas.

“Más adelante habrá propuestas concretas”, aseguran fuentes de la parte socialista del Gobierno acerca de la comparecencia de Sánchez inicialmente prevista para presentar un paquete de medidas para regenerar la democracia. “Me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete”, recalcó el presidente en junio en una sesión de control al Gobierno.

Más tarde, el líder del PSOE avanzó que este miércoles, 17 de julio, era la fecha escogida para esbozar su propuesta de calidad democrática. Lo hizo durante una entrevista en la Cadena Ser en la que también anunció que, entre las medidas incluidas, se modificará la ley de publicidad institucional para incorporar “transparencia” a la financiación con recursos públicos de los medios digitales y “establecer un máximo de financiación pública” a los medios de comunicación. Anteriormente, había avanzado su predisposición a abordar la reforma de las leyes orgánicas de Derecho al Honor y Derecho de Rectificación.

Sobre la ley de publicidad institucional, Sánchez defendió incorporar “transparencia en la financiación con recursos públicos” de los medios y “tabloides” digitales, además de proponer que se establezca un “máximo de financiación pública” para los medios de comunicación. “Lo que no es aceptable es que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos”, esgrimió entonces sin ofrecer más detalles al respecto. En todo caso, desde el Gobierno prometen que “se hablará con los periodistas” para acometer una reforma en este sentido.

Más allá de abordar estos y otros temas, Sánchez afronta su comparecencia en la Cámara Baja como una oportunidad para informar de manera “general” sobre su hoja de ruta en esta materia. Casi tres meses después de que decidiera quedarse al frente del Ejecutivo tras los cinco días de reflexión, el presidente del Gobierno planteará el “esqueleto para abrir el debate. Con eso iremos a los grupos para ver qué opinión tienen”, añaden estas voces gubernamentales.

Una de las temáticas que no abordará Sánchez será la regulación de la figura de la pareja del presidente del Gobierno, un asunto candente por la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga la relación de la mujer de Sánchez con el empresario Carlos Barrabés y la recomendación de una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba el empresario, después de que este consiguiera varias adjudicaciones millonarias por parte de organismos dependientes del Gobierno.

En contra de lo defendido por sus socios de coalición, que hablan de redactar medidas concretas, desde la parte socialista subrayan que Sánchez hablará de diferentes temáticas sobre las que todavía no se han traducido en un texto legal. “Algunas se contarán el miércoles y otras las trasladaremos a los grupos” más adelante, avisan desde el Gobierno, pero en todo caso, estas fuentes informan de que no hay propuestas plasmadas en un papel.

Dentro de esta inconcreción, el Gobierno se vio obligado a puntualizar este martes el anuncio de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Congreso, Yolanda Díaz, después de que anunciara un acuerdo entre los partidos que forman la coalición para “derogar” la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la ministra portavoz, Pilar Alegría, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, redujeron este enunciado a una revisión de los delitos de injurias y calumnias contemplados en el Código Penal.

Asimismo, el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago aclaró más tarde que el anuncio de la vicepresidenta se limitaba a la reforma para que deje de ser infracción hacer o difundir fotos de manifestaciones o policías, es decir, el acuerdo con el PSOE anunciado por Díaz sobre la ley mordaza se limita a cambiar el artículo 36.

Desde la parte socialista del Gobierno precisan que, dentro del Plan de Acción por la Democracia, se negocia este aspecto que afecta a la libertad de expresión. “Hay que revisar esos delitos, pero no hay un articulado concreto”, detallan estas voces, que niegan la existencia de propuestas legales redactadas en un papel.

La previsión de “exponer las líneas fundamentales” de este paquete de medidas choca con las exigencias de los aliados parlamentarios del Gobierno, que acogieron con desconcierto la ausencia de un plan concreto tras el regreso de Sánchez después de sus días apartados de todos los focos. Todo ello a pesar de que el propio presidente avisó que su vuelta suponía “un punto y aparte”.

Dirigentes de Sumar y los partidos que los conforman, ERC, EH Bildu, Podemos, PNV o BNG, no han escondido su decepción al entender que es Sánchez quien tiene que pasar de las palabras a los hechos para poner pie en pared con la situación que casi le llevó por delante, aunque transciende al propio secretario general del PSOE. Tanto el líder del Ejecutivo como estos partidos coinciden en el diagnóstico (luchar contra la desinformación y los bulos o rebajar el ruido político), pero sus socios reprochan su inacción, llegando a poner incluso en duda la razón por la que el secretario general de los socialistas necesitó cinco días para reflexionar.

“Lo que toca ahora es lo que reclama la ciudadanía: gobernar mejor. Darle contenido a ese punto y aparte que ayer definió el presidente. Nos han votado para eso. No podemos convertir los problemas de los políticos, en los problemas de la ciudadanía. Por tanto, aceptando la reflexión del presidente, tenemos que dar un paso adelante y empezar a gobernar con políticas públicas”, urgió la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

En todo caso, el presidente ya avisó de que quiere “liderar”, que “no monopolizar”, el debate de regenerar, mejorar y defender la democracia, por lo que este miércoles pondrá oficialmente la primera piedra de un plan que pretende desarrollar a partir de septiembre.