Puigdemont ataca al juez Llarena por consultar al Constitucional la aplicación de la amnistía: “Es una innecesaria pérdida de tiempo”

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha contestado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, el juez Pablo Llarena, que no ve tacha de inconstitucionalidad alguna en la ley de amnistía y que consultar al Tribunal Constitucional (TC) es una “innecesaria pérdida de tiempo” de cara a aplicar la norma y “podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida”.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado, Gonzalo Boye, reprocha al magistrado que haya dado 10 días a las defensas y acusaciones para pronunciarse sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal de garantías sin haber explicado las dudas que él mismo tiene sobre la aplicabilidad de la ley al delito de desobediencia.

El expresidente catalán asegura que la resolución de Llarena “carece de cualquier concreción que permita vislumbrar cuál sería la tacha de inconstitucionalidad” en lo que respecta a la ley de amnistía y el delito de desobediencia.

Para la defensa de Puigdemont, esta “falta de especificidad en la resolución impide una adecuada comprensión de los fundamentos jurídicos que podrían sustentar una posible inconstitucionalidad de la norma mencionada”. “¿Se nos está pidiendo que indaguemos en la mente del magistrado?”, pregunta, para luego contestar: “Implícitamente, sí”.

Así las cosas, Boye sostiene que resulta “complicado” para las partes formular un pronunciamiento preciso y fundamentado sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, lo que --a su juicio-- constituye una “infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y del derecho a la defensa”.

El abogado insiste en que para poder pronunciarse es “esencial” que Llarena identifique claramente las dudas que tiene sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. “Sin esta información crucial, cualquier intento de evaluar la constitucionalidad de la ley se convierte en un ejercicio teórico y abstracto, desprovisto del contexto necesario para una deliberación informada y sustantiva y, por supuesto, de culturizar efecto útil”, apunta.

No obstante, defiende que “en términos abstractos” considera que la ley de amnistía “no incurre en ninguna tacha de inconstitucionalidad y, por tanto, un planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad solo conllevaría una innecesaria pérdida de tiempo de cara a la propia aplicabilidad de la norma”.

La defensa de Puigdemont asegura que, “desde una perspectiva jurídica”, la ley de amnistía ha sido “diseñada y aprobada dentro del marco constitucional vigente, cumpliendo con los procedimientos legislativos y las garantías democráticas establecidas”.

Insiste así en que “no se han identificado, a priori, elementos que contravengan los principios constitucionales fundamentales, tales como la separación de poderes, el derecho a un juicio justo, y la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas”.

Para el expresidente catalán, el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad “sin una base clara y específica” no solo sería “una pérdida de tiempo”, sino que también “podría interpretarse como un intento de dilatar el proceso judicial de manera indebida”.

Con todo, Puigdemont recuerda que el propio Llarena dijo que “en la eventualidad de que una ley de amnistía pudiera entrar en vigor” no le correspondería a él como juez instructor plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Así, recalca esta “contradicción” y afea que ahora el juez pretenda consultar al tribunal de garantías “sin explicación alguna” sobre su “cambio de criterio”.

Fue el pasado 1 de julio cuando Llarena dio 10 días a las acusaciones y defensas para que presentasen sus alegaciones sobre si veían pertinente o no plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la previsión de la ley de amnistía de exonerar el delito de desobediencia atribuido a los encausados del ‘procés’.