El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso para exponer las líneas fundamentales del Plan de Acción por la Democracia, un paquete de medidas que prometió impulsar a finales de abril después de los cinco días de reflexión que se tomó por la apertura de una causa judicial contra su esposa, Begoña Gómez. Para ello, tal como estaba previsto, el Ejecutivo iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios que así lo quieran para traducir el plan de acción en medidas concretas, que ayuden a “proteger y fortalecer nuestra democracia, dotándola de más transparencia y rendición de cuentas en tres ámbitos clave: el poder ejecutivo, los medios de comunicación y el poder legislativo”.
Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a su cruzada contra las fake news. En defensa de la libertad de los medios de comunicación como “un pilar esencial en democracia”, el secretario general del PSOE ha llamado a “garantizar una prensa libre, independiente y plural y el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información veraz”. Y es que, tal como ha señalado, las noticias falsas son un problema global que persiguen “erosionar la confianza de la ciudadanía en la democracia y sus instituciones”.
Antes de esbozar sus propuestas en lo relativo a los medios, Sánchez ha recordado el mandato de la Comisión Europea a los Estados para que adopten medidas para proteger la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación frente a la desinformación, la injerencia extranjera y el discurso de odio. Asimismo, la UE aprobó en marzo un Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que busca “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales (…), proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.
Propuestas para regular los medios de comunicación
Con el objetivo de evitar reproches de la derecha, Sánchez ha recordado que el reglamento europeo fija una serie de medidas aprobadas por todos los grupos del Parlamento Europeo, salvo la ultraderecha. Así pues, esas medidas que pretende implantar en España se centran en cuatro grandes principios: transparencia, independencia, pluralismo y protección.
Como avanzó hace unas semanas, Sánchez ha planteado la necesidad de actualizar la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, “cuando se leían más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales”. A su modo de ver, esta modificación legislativa debería fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados.
“Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta”, ha dicho para añadir la necesidad de limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios “para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”.
Asimismo, ha subrayado la importancia de ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura. Al hilo de esto último, ha anunciado que se pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten “con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad”. “Necesitamos transparencia, independencia, pluralismo y protección para garantizar la libertad de los medios de comunicación”, ha resumido Sánchez.
En el plano de la independencia, el presidente del Gobierno ha puesto el foco en las medidas para proteger la “independencia editorial” y los derechos de los profesionales de los medios para evitar las “presiones del ámbito político y empresarial” sobre los profesionales de la información. También, ha apelado a establecer mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para “evitar la concentración de medios en pocas manos”. Por último, ha urgido a asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las “grandes plataformas digitales”.
Además de “reforzar” los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía, el Gobierno ha anunciado su intención de proponer una nueva reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, en lo relativo a la libertad de expresión. Aunque no ha dado más detalles al respecto, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso Enrique Santiago (IU) avanzó un acuerdo con el PSOE para regular los llamados delitos de opinión. Es decir, la reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
Reforma de la ley electoral
En lo que respecta al poder legislativo, Sánchez ha explicado que “necesitamos reformar los Reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta”. Asimismo, ha planteado una reforma de la ley electoral con un doble objetivo: establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación y una modificación para que “todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados”
Por último, en lo que respecta al poder ejecutivo, el Gobierno aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y presentará una nueva Ley de Administración Abierta, que “amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental”. En este sentido, ha añadido que Vitoria-Gasteiz acogerá la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, una cita internacional en la que participarán más de 2.000 expertos y líderes gubernamentales de todo el mundo. “El hecho de acoger esta cumbre refuerza la posición referente de nuestro país en materia de transparencia y participación ciudadana”, ha señalado para hacer alusión al hecho de que España es el tercer país de la Unión Europa con “más datos en abierto y el quinto de la OCDE”.
El líder del Ejecutivo también ha comparecido para dar cuenta de las decisiones adoptadas en los últimos Consejos Europeos. En el marco del fortalecimiento de la competitividad económica de la UE, la segunda prioridad que fija la Agenda Estratégica, Sánchez ha anunciado que, en los próximos días, el Gobierno lanzará cuatro nuevos programas dotados con más de 2.300 millones de euros. El objetivo es acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, la cadena de valor de las energías renovables, un nuevo impulso a las comunidades energéticas y un nuevo programa de apoyo a las renovables en la agricultura, las infraestructuras y los barrios y pueblos.
Asimismo, ha anunciado que Sevilla acogerá la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025 y supondrá el “impulso de todas las políticas y recursos” para llevar a cabo la Agenda 2030, así como sus Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel global.