El crecimiento del PIB, el auge de los ingresos y el aumento más limitado del gasto público permitirá que España reduzca su déficit en los próximos años, como piden las reglas fiscales, pero la imagen no es homogénea y las cuentas del subsector de la Seguridad Social no terminan de cuadrar. El motivo principal es el crecimiento del gasto en pensiones por la jubilación de la numerosa generación del baby boom y las medidas legislativas adoptadas, que generan un gasto extra imposible de compensar con los nuevos ingresos.
Así lo reconoce el Gobierno en los objetivos de estabilidad aprobados este martes en Consejo de Ministros y que se votarán en las Cortes. Según la anterior senda, la Seguridad Social alcanzaría equilibrio presupuestario en 2026, pero el nuevo documento fija un déficit del 0,2% para todos los años del periodo 2025-2027, por lo que ni la reforma de las pensiones de Escrivá ni las transferencias anuales por parte del Estado podrán acabar con el déficit de la Seguridad Social en esta legislatura.
La reforma introdujo nuevas medidas de ingresos, siendo la principal el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un aumento de las cotizaciones sociales, también impulsadas por la creación de empleo. Esto da como resultado que los ingresos por cotizaciones hayan alcanzado un récord de 67.889 millones en los cinco primeros meses de 2024, lo que supone un 33,1% más que antes de la pandemia. Sin embargo, el problema es que los gastos no paran de crecer por la indexación de las pensiones contributivas al IPC, el crecimiento superior de las mínimas y las mayores pensiones medias tras carreras laborales con sueldos más elevados, lo que sigue impidiendo que los ingresos por cotizaciones cubran las pensiones contributivas.
La Seguridad Social registró un déficit del 0,56% en 2023 (8.211 millones), por lo que un déficit del 0,2% previsto para 2024 y los próximos años estaría en torno a los 3.000 millones. El Gobierno no ha especificado cuál es su previsión específica de ingresos y gastos del sistema para este periodo, pero sí ha avanzado una cifra récord de transferencias desde el Estado para cubrir el déficit, cantidad que supera a la del año 2020, cuando el sistema tuvo que hacer frente a las prestaciones por los ERTE.
Según ha detallado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los Presupuestos de 2025 incluirán una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones para cubrir los conocidos como gastos impropios (complementos de pensiones, entre otros). Esta cifra supone un crecimiento del 7% respecto a la de 2024 (21.380) y “está alineada con las recomendaciones del Pacto de Toledo”, ha asegurado Montero.
Se trata de una inyección financiada con impuestos que en 2025 volverá a marcar un nuevo récord y que el Gobierno ampara en la recomendación primera del pacto, en la que se insta a separar las fuentes de financiación y a eliminar el déficit del sistema. No obstante, la cantidad de transferencias completa se conocerá una vez se publique el libro amarillo de los presupuestos y será superior porque también incluirá los pagos finalistas para pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En 2023 el importe total de las transferencias ascendió a 39.398 millones.
Además, en 2023 también hubo un nuevo préstamo para cubrir el déficit por importe de 10.000 millones de euros y sin intereses. Esta forma de proceder durante la última década ha provocado que la deuda de la Seguridad Social con el Estado ascienda a 116.170 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España relativos al primer trimestre de 2024. Por comparar, es un importe que se acerca a la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado (199.105 millones) y que ahora se debate condonar parcialmente.
Aportación “ficticia” a la hucha de las pensiones
Esta situación contrasta con los mensajes positivos del Gobierno de ingresos a la conocida como hucha de las pensiones (Fondo de Reserva), pensada para servir de apoyo a la Seguridad Social en momentos de tensión. A fecha de 31 de mayo, la hucha contaba con 7.022 millones de euros, de los cuales 1.373 proceden del MEI. El Gobierno prevé que el fondo termine el año con 9.200 millones y que al final de la legislatura alcance 25.000.
Fedea y otros expertos han criticado que se destinen los ingresos del MEI a llenar de nuevo la hucha porque “no hay un excedente real que se pueda ingresar” dado que las transferencias desde el Estado y los préstamos cada vez son mayores. “Lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia al mismo”, señala el documento Las cuentas de la Seguridad Social Ampliada.
El gasto en pensiones ya acaparó el 41,8%% de los presupuestos de 2023 y supone un coste de oportunidad para reforzar otras partidas. Además, según fuentes del Ministerio de Hacienda, el crecimiento del gasto en el subsector de la Seguridad Social complica cuadrar la regla de gasto con Bruselas. El informe de la AIReF en 2025 basado en los cálculos de Bruselas será el que decida si es necesario adoptar nuevas medidas para conseguir la sostenibilidad del sistema.