Un paso más para la ley de Función Pública, con la que se introducen nuevos complementos salariales y evaluaciones a los funcionarios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de Función Pública de la Administración General del Estado con el que se pretende transformar la Administración y recuperar los elementos de la ley que decayeron en su trámite parlamentario por las convocatorias electorales.

La novedades del texto afectan a la estructura y acceso al empleo público, así como a las carreras profesionales, retribuciones, formación y ética de los funcionarios del Estado. “Es un texto, además, profundamente debatido también con los representantes de los trabajadores”, ha destacado la portavoz del Gobierno, y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

Este proyecto implementa las disposiciones establecidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para la Administración del Estado. Además, permite crear un marco jurídico que, por un lado, explota el potencial innovador del EBEP y, por otro, sustituye un marco jurídico anticuado y disperso, según explica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Con esta ley se pretende definir las funciones del personal, tanto funcionario como laboral. También permite al Gobierno organizar sistemáticamente los cuerpos y escalas, y establece nuevos requisitos para el acceso, así como la pérdida de la condición de empleado público. Además, por primera vez, se permitirá evaluar el desempeño de los funcionarios.

También establece nuevas normas para la carrera profesional horizontal (que permite progresar por tramos desde el mismo puesto en la empresa o administración pública) y vertical, estructura las retribuciones, introduce nuevos complementos salariales y regula el teletrabajo.

Por otro lado, en relación con la formación y el aprendizaje continuo, los programas educativos y la gestión basada en competencias son pilares esenciales del régimen de empleo público. Y establece las normas sobre los derechos y deberes de los empleados públicos, junto con su régimen disciplinario.

Como ha explicado el Gobierno, con la aprobación de este proyecto de ley, se ordena y define un modelo de la Administración del Estado que asienta sobre cuatro pilares las bases para la transformación de la función pública, la planificación estratégica, el acceso al empleo público, la carrera profesional y la dirección pública profesional.

A partir de ahora se desarrollará la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, así como los desarrollos reglamentarios y estatuto de la dirección pública profesional. Todo ello, junto a las conclusiones del documento marco Consenso por una Administración Abierta, propiciará el nuevo marco jurídico de la transformación del modelo de Recursos Humanos de la Administración General del Estado.

Ante la aprobación de este proyecto, CSIF ha reclamado negociar un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos y que la próxima oferta de empleo público elimine de manera definitiva la tasa de reposición.

Sobre la norma aprobada este martes, CSIF añade que seguirá exigiendo el desarrollo de la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales en el conjunto de las administraciones públicas, el desarrollo del teletrabajo y mejoras en las condiciones de jubilación.