Por qué los profesores de FP de Madrid con experiencia están en las últimas plazas de las oposiciones

El colectivo de profesores y profesoras de Formación Profesional (FP) de la Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra por los hechos acontecidos en las últimas oposiciones para acceder a las plazas. Su protesta ha venido motivada por el hecho de que la ponderación que han recibido en su experiencia en el mundo docente se ha visto equiparada e incluso reducida a la ponderación de los profesores de secundaria que también se han presentado.

Sobre los nuevos baremos para medir estos méritos se ha pronunciado Isabel Galvín, Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CC.OO de Madrid. “Algunos de los afectados llevan años de servicio en la Comunidad, y sin embargo se han visto puntuados con la mitad de experiencia, con respecto a otras especialidades que pertenecen desde siempre a profesores de secundaria”. El sindicato, de hecho, ya había alertado de esta problemática en febrero, cuando salieron unos baremos muy similares para el concurso de traslados.

El origen de esta problemática parte de una confluencia de distintos elementos, como la reducción del máximo de experiencia a valorar en las oposiciones. Antes era de 10 años, pero ahora lo han reducido a 5, lo que permite, junto a la baja puntuación que reciben por dar clases de FP, que “el profesorado de secundaria con menos o ninguna experiencia en las distintas especialidades de la FP se sitúa por delante en las listas”, explica CC.OO en un comunicado. Una modificación que puede costar cientos de puestos en el ranking final.

La LOMLOE, ley orgánica vigente de educación, ya había equiparado a los profesores técnicos de la FP con los docentes de secundaria. Además, los nuevos baremos puntúan muy al alza los estudios de máster, algo que muchos docentes de FP no tienen pero que supone un título prácticamente obligatorio para ofrecer clases en los institutos. De este modo, se genera una importante brecha económica entre quienes han podido pagarse esos estudios y quienes no.

Por todo ello, los profesores de FP se han visto relegados a las últimas plazas en la oposición, pese a que muchos llevaban más de 10 o 15 años dando clases para la que, ahora, son menos aptos que personas con distinta formación y mucho menos bagaje.

Esta situación se ha visto también en otras comunidades autónomas a la hora de aplicar el nuevo Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, fijado en el Real Decreto 270/2022. Sin embargo, en estos otros territorios se ha procedido a una negociación colectiva que protegiera los derechos del profesorado. En Castilla-La Mancha, en 2023, se resolvió que el personal de FP no perdería la mitad de su experiencia.

“Todo ello supone un agravio comparativo con respecto al resto de comunidades autónomas, vulnerando el principio de igualdad”, denuncia Galvín. “Es un maltrato injustificable al profesorado de FP de Madrid, así como a la propia Formación Pública madrileña”. La líder sindical recuerda que el Consejero de Educación, Emilio Viciana, “se comprometió en reunión con las organizaciones sindicales de la mesa a resolverlo y no lo ha hecho”. De este modo, CCOO reclama ahora que se cumpla con la palabra dada “y que Educación retire dichos baremos y vuelva a publicarlos una vez se haya modificado esta interpretación de la norma básica”.

Desde la Consejería aseguran que algo así podría incurrir en futuras denuncias por prevaricación, y que solo se limitan a seguir la normativa fijada por el Ministerio. Este último ofrece una versión distinta, pues asegura que ya habló de este tema con el órgano regional y acordaron valorar completamente la experiencia.

Como medidas de presión, la entidad ha realizado varias reuniones y ha anunciado que realizará “actuaciones jurídicas globales ante la Consejería de Educación madrileña, el Ministerio de Educación, así como otras instituciones españolas que den amparo y puedan contribuir a parar esta injusticia injustificable”. Hace menos de una semana, también tuvo lugar una manifestación a la que asistieron los afectados reclamando una solución que, de no llegar, podría dejar fuera a miles de profesores con varios años de experiencia solo en la Comunidad de Madrid.