El Gobierno ha puntualizado el anuncio de la vicepresidenta segunda y líder del grupo Sumar en el Congreso, Yolanda Díaz, después de asegurar que había cerrado un acuerdo con el PSOE para “derogar” la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. La reforma de esta polémica norma impulsada por Mariano Rajoy en 2015 es una de las principales cuentas pendientes de las fuerzas de izquierdas, que en la pasada legislatura fracasaron en su intento de acometer una modificación por la falta de acuerdo entre el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto la ministra portavoz, Pilar Alegría, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han reducido este acuerdo a una revisión de los delitos de injurias y calumnias, que estará incluido en el paquete de regeneración democrática que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detallará este miércoles en el Congreso. Dentro de este plan, en lo relativo a la propia ley mordaza, fuentes gubernamentales confirman también la reforma del artículo 36 para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes de policías en manifestaciones.
Las declaraciones de Díaz desde Bruselas han sumido en la confusión a los grupos parlamentarios, especialmente a las fuerzas de izquierdas interpeladas en una eventual reforma de la ley mordaza, como Podemos, ERC y EH Bildu. Más tarde, el portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha aclarado en el Congreso que el anuncio de la vicepresidenta se limitaba a la reforma para que deje de ser infracción hacer o difundir fotos de manifestaciones o policías.
Modificación de un solo artículo de la ‘ley mordaza’
El también diputado de IU ha explicado que, más allá del consenso global sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron en el Congreso en la anterior legislatura, el acuerdo relativo a esta norma consiste en la modificación de este precepto, rebajando, por tanto, el anuncio de “derogar” la ley mordaza.
Para proteger a los profesionales de la comunicación, estas formaciones acordaron que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”, en sintonía con la sentencia del Tribunal Constitucional, y que “la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible”.
No obstante, sí se consideraba infracción grave el uso de “imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto para su seguridad personal o familiar, la de las instalaciones protegidas o haya puesto en riesgo el éxito de una operación”.
En este sentido, esta redacción se incluyó en el informe de la ponencia parlamentaria relativo a la reforma de la ley mordaza que se aprobó en la anterior legislatura, pero no vio luz verde finalmente en la Comisión de Interior por el voto en contra de ERC y EH Bildu. Estas formaciones insisten en eliminar la arbitrariedad de las multas por “faltas de respeto a los agentes de seguridad” y “desobediencia”, que se basan exclusivamente en la presunción de veracidad de la palabra de los agentes; prohibir las devoluciones en caliente; y erradicar las balas de goma como material antidisturbios.
Duda sobre otros delitos
En lo relativo a los delitos de injurias y calumnias, el Gobierno tampoco precisa si se suprimirán, como piden Sumar y otras fuerzas de izquierdas, los llamados delitos de opinión, es decir, la reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, además de incluir las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales.
Más allá de estos puntos, Enrique Santiago ha detallado también que Sumar ha pactado con el PSOE una modificación de la ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El objetivo, según ha explicado sin exponer ejemplos, es ofrecer una reparación pública a aquellas personas investigadas “con proyección pública” y sobre las que se generan “cientos de titulares” en instrucciones judiciales prolongadas en el tiempo, pero que finalmente no acaban con la apertura de un juicio oral.
“Eso debe tener una reparación para el buen nombre de la persona”, ha añadido en unas declaraciones recogidas por EFE. En todo caso, en la parte socialista del Ejecutivo también cogen con pinzas este apartado. “El acuerdo que hay es sobre los delitos de injurias y calumnias”, ha espetado María Jesús Montero.
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