El Gobierno descarta un concierto económico en Cataluña, pero sí accede a una financiación singular: ¿cuál es la diferencia?

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este lunes ha finalizado sin avances en materia de financiación autonómica, el último punto del orden del día de la reunión introducido por las comunidades autónomas con gobierno del PP. El sistema lleva caducado desde 2014 y las conversaciones para renovarlo no avanzan dada la polarización del escenario político, a lo que se suman intereses regionales. Además, esta vez el debate ha estado marcado por la propuesta de Cataluña de tener un sistema de financiación “singular” similar al cupo vasco y por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de acceder en parte a dicha singularidad.

Las terminologías de las distintas propuestas se parece, pero guardan diferencias y, sobre todo, muchas están poco definidas públicamente a la espera de si ERC y PSC cierran un acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de Cataluña. La consejera de Economía y Hacienda de Cataluña, Natalia Mas, ha explicado en la reunión el documento presentado en marzo, un paquete de medidas que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entiende como “una suerte de concierto económico para Cataluña” que rechaza. “Yo no comparto el concierto económico en Cataluña. Así lo ha expresado también el PSC y eso es lo más importante del documento”, ha señalado.

Sin embargo, seguidamente ha reconocido que “se puede avanzar en una mejor financiación de Cataluña e incorporar elementos singulares que ya el modelo tiene”, algo que ha concretado en “cumplir el estatuto de autonomía”. Montero se refiere, aunque no lo menciona explícitamente, al artículo 204 del estatuto, el cual contempla el desarrollo de una Agencia Tributaria de Cataluña a través de un consorcio entre la Agencia Tributaria Estatal y la comunidad autónoma. “Todos los gobiernos están obligados a cumplir con los estatutos y nadie se puede negar al desarrollo de una ley”, ha insistido Montero, recordando que este artículo para desarrollar agencias tributarias autonómicas también se encuentra en los estatutos de otras regiones.

Con atender la “singularidad” el Gobierno central se refiere a “reconocer que las especificidades de los territorios tienen que permitir una financiación” particular. Algunas de esas especificidades pueden ser, según Montero, tener más competencias regionales o la condición geográfica, por lo que ha citado como ejemplos el caso de las Islas Canarias y las Islas Baleares, con un régimen fiscal modificado por su insularidad. Un criterio muy interpretable y rechazado por las regiones históricamente infrafinanciadas con el modelo actual, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

No obstante, la vicepresidenta primera ha recalcado que el Gobierno central no está negociando con la Generalitat esta financiación singular, sino que las negociaciones se dan solo entre los partidos catalanes. “La negociación es del PSC con ERC (...) no hay negociaciones estatales. La negociación empieza en Illa y termina en Illa, esto lo hemos dicho muchas veces”, ha defendido. Montero solo pretende negociar directamente desde el Gobierno una reforma del sistema de financiación autonómica para todas las regiones del régimen común, evitando debatir sobre la propuesta concreta que pueda tener cada región. Aunque lo cierto es que dependiendo de los términos en los que se apruebe una financiación singular para Cataluña, podría llegar a tener impacto sobre el resto.

Por otra parte, la reunión de este lunes ha evidenciado que no hay consenso en cómo negociar la reforma de la financiación autonómica. Las regiones del PP y Castilla-La Mancha piden que Hacienda presente un documento en una reunión del CPFF, mientras que Hacienda quiere huir de ese escenario. El argumento de la vicepresidenta y ministra es que si el Ejecutivo plantea una propuesta en ese marco, las CCAA van a “replicar” con posturas de “máximos” y no se van a poder aunar las ambiciones de todas. Por ello solo acepta negociar “con discreción” con el PP a nivel estatal sobre el planteamiento de población ajustada de 2021 y otras variables que no ha desvelado.

Según ha defendido, de esta manera habría “más probabilidad de éxito” porque no habría “grandes diferencias entre lo que plantee el PP y el PSOE”. No obstante, Montero reconoce que no tiene “expectativas de que podamos avanzar en un plazo de tiempo corto” porque los desencuentros en financiación autonómica “no van de partidos, sino de exigencias de territorios que gobierne quien gobierne se mantienen inalterables”.

A principios de 2024 el Gobierno prometió iniciar las conversaciones con las comunidades autónomas para la quita parcial de la deuda que estas tienen con el Estado, pero a más de la mitad del año todavía no han comenzado por los ciclos electorales. Montero ha puesto una nueva fecha para ello, este mes de julio, y la primera autonomía en reunirse sería Cataluña por ser la primera a la que se le transfirieron las competencias dentro del régimen común.

Según han explicado los consejeros autonómicos, realmente estas reuniones aún no están calendarizadas y Hacienda reconoce que se seguirán produciendo en septiembre “y el tiempo que sea necesario”, aunque sí espera que este asunto sea “menos complejo que la reforma del modelo de financiación”. En las reuniones iniciales, Hacienda comunicará la metodología a aplicar para la condonación de la deuda, que será la misma para todas las CCAA, y cuyo cálculo ya está hecho para Cataluña (unos 15.000 millones, según el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC).