El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que serán expansivos, como pedían los socios del Gobierno y Sumar. Según ha informado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el conocido como techo de gasto para 2025 se sitúa en los 199.171 millones de euros, una cifra similar a la del año 2024 (199.120), pero distinta en su composición. El impulso procede más de los propios fondos nacionales, ya que los del Plan de Recuperación incorporados serán reducidos al irse terminando la recepción de la parte de las transferencias y comenzar la parte de los préstamos.
En concreto, el aumento del techo de gasto sin contar con los recursos procedentes de la UE es de un 3,2% respecto al año anterior, de manera que alcanza los 195.353 millones de euros. Se trata de un crecimiento inferior al del año anterior (cuando fue un 9,3%), pero superior al de los ejercicios anteriores. La parte de los fondos europeos solo asciende a 3.818 millones, un 61,5% menos que en 2024. “El gran esfuerzo que hace el Presupuesto es justamente ser capaces de compensar los fondos Next Generation que no se van a producir y poder compensarlo con crecimiento del presupuesto nacional, con la recaudación”, ha explicado Montero.
Este incremento del límite de gasto se produce a pesar de la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales a nivel comunitario, que centran la atención en el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos. El Gobierno ha informado de los objetivos de estabilidad tradicionales, la reducción del déficit y de la deuda, pero también de la regla de gasto, aunque aún no es la definitiva porque se está negociando con la Comisión Europea. El incremento del gasto computable en esta regla descuenta los intereses de la deuda, los ingresos de medidas discrecionales, los recursos de los fondos europeos y el gasto cíclico en desempleo, entre otras partidas menores.
Según ha informado Montero, el gasto del conjunto de las administraciones públicas podrá crecer un 3,2% en 2025; un 3,3% en 2026 y un 3,4% en 2027. “Está formulado de acuerdo con el nuevo marco de gobernanza y será compatible con las reglas fiscales”, ha defendido, aunque estas cifras son superiores al crecimiento del 2,6% que la Comisión recomendó ya para España para el año 2024. El Gobierno trabaja para flexibilizar las posturas iniciales de Bruselas y conseguir mayor margen de gasto que quede reflejado en el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo que debe presentarse en otoño, aunque Hacienda señala que el incremento de gasto fijado por el momento es “prudente” a la vez que “facilita seguir reforzando los servicios públicos”.
En cuanto a los objetivos de déficit y deuda, el Gobierno se compromete a una reducción más ambiciosa respecto a la anteriormente prevista. El déficit pasaría del 3% este año al 2,5% en 2025; el 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027. La mayor parte del déficit (2,2) lo tendrá la Administración Central, aunque la senda se flexibiliza para CCAA y ayuntamientos, que podrán tener una décima de déficit y equilibrio presupuestario, respectivamente, en comparación con el escenario anterior de equilibrio presupuestario y superávit. La deuda también presentaría una senda continuamente descendente, cerrando en una ratio del 105,1% del PIB en 2024 y en el 99,7% en 2027, recuperando así la ratio anterior al inicio de la pandemia.
El crecimiento del PIB permitiría reducir los desequilibrios manteniendo el gasto
Esta mayor reducción del déficit y de la deuda se sustenta en una previsión de mayor crecimiento del PIB. Según ha informado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Gobierno revisa al alza en cuatro décimas la estimación de avance del PIB para 2024 y lo sitúa en el 2,4%. También eleva la de 2025 hasta el 2,2% (tres décimas más) y, por primera vez, avanza la cifra para 2026 y 2027, anticipando para ambos años un crecimiento del PIB del 2%.
Esto supone un crecimiento potencial a medio plazo superior al registrado en la última década por España y más optimista que el reflejado en los escenarios de organismos como la AIReF y la Comisión Europea. “Los escenarios catastrofistas no se han cumplido y no prevemos que se cumplan en los próximos cuatro años”, ha defendido Cuerpo. Los motivos detrás de este mayor dinamismo señalados por el Gobierno son, fundamentalmente, el crecimiento del empleo, el buen comportamiento del sector exterior y el crecimiento de la inversión, impulsada por el Plan de Recuperación.
El Ejecutivo anticipa que España llegará a los 22 millones de personas ocupadas en 2025 y que la tasa de paro descenderá hasta el 8,7% en 2027, rozando así la barrera considerada por el Gobierno como “pleno empleo”. Economía defiende que este crecimiento de la ocupación vendrá acompañado de una mejora de la productividad real por hora “que será compatible con la reducción progresiva de la jornada laboral” a 37,5 horas.