Defensa justifica la privatización del hospital Generalísimo Franco, cedido al grupo sanitario Quirón por 180 millones: “Es la más idónea”

El Ministerio de Defensa defiende sin complejos la polémica cesión por la que se privatiza durante 75 años el antiguo Hospital militar del Generalísimo Franco, situado en el Distrito de Chamberí y que permanecía cerrado desde 2001. Sumar, socio de los socialistas en el Ejecutivo, preguntó por la adjudicación de este lugar a la única licitadora, la Fundación Jiménez Díaz, dependiente del Grupo Quirón (otorgada el 24 de enero y formalizada el 8 de febrero), así como otras alternativas posibles en relación con el uso del edificio.

El departamento que dirige la socialista Margarita Robles decidió entregar hasta 2099 el antiguo centro médico militar, construido en 1950. “La concesión demanial se consideró la figura más idónea, toda vez que permite el uso privativo de bienes de dominio público, rigiéndose por lo dispuesto en la Sección 4ª del Capítulo I del Título IV, de la citada Ley 33/2003, y por lo establecido en el Pliego de Condiciones aprobado, conservando la propiedad del bien”, justifica Defensa en su respuesta escrita a la petición de los de Yolanda Díaz.

Sin ofrecer detalles el respecto, el Ministerio de Defensa señala que “ha estudiado diferentes alternativas, entre las distintas opciones legales permitidas por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”. Si bien, decidió apostar por esta fórmula, denunciada el pasado 28 de junio ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por parte de las entidades ciudadanas Auditoria Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

La explotación del complejo hospitalario Isaac Peral, de más de 24.000 metros cuadrados, costará a la Fundación Jiménez Díaz 180 millones de euros. Además del pago del canon por el uso y disfrute de estas instalaciones, el concesionario está obligado a “la redacción del proyecto y ejecución de las obras para un aparcamiento subterráneo en el espacio libre de parcela enteramente subterráneo, con una superficie útil de 9.513 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles con la dotación mínima establecida en la normativa”.

Según el pliego, de las plazas de aparcamiento resultantes quedarán a disposición del Ministerio de Defensa un tercio del total, que se ubicarán en el tercer y último sótano del aparcamiento subterráneo. También, quedarán a disposición del Ministerio aquellas plazas que se ubiquen en superficie. Entre las cláusulas administrativas también se encuentra la prohibición de ceder o arrendar a terceros las diferentes instalaciones que son objeto de concesión ni su gestión “sin autorización del Ministerio de Defensa”.

En la respuesta parlamentaria escrita, fechada el 26 de junio, Defensa afea el hecho de que la ciudad y la Comunidad de Madrid “no llevaron a cabo las propuestas de entidades y asociaciones vecinales, después de varias visitas técnicas, valorando el elevado coste de rehabilitación y mantenimiento que exigía el edificio”.

La justificación del otorgamiento de la concesión a la fundación Jiménez Díaz fue “el fin sanitario y docente previsto en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU)”, señala el texto publicado en la web del Congreso. Asimismo, el departamento de Robles defiende la “transparencia” en el proceso de adjudicación y el hecho de que la cesión permita “coadyuvar a la consecución de los fines del Ministerio de Defensa por dar un uso que permita el mantenimiento adecuado de las instalaciones”.

En todo caso, Defensa añade que la cesión temporal del complejo hospitalario “no pierde el carácter demanial por la cesión del uso, es decir sigue siendo un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable”, tal y como propugna el artículo 132 de la Constitución Española y el artículo 6 de la citada Ley 33/2003.

Entre los elementos más polémicos de la privatización, las entidades ciudadanas que presentaron la denuncia criticaron que la contraprestación, que será abonado de forma periódica en cuotas anuales durante todo el periodo de concesión, es “inusualmente baja, con un coste medio mensual de 8 euros por metro cuadrado, y que no prevé ningún coeficiente de actualización con el paso de los años”. En una nota de prensa cuestionaron que este último detalle “podría representar una pérdida para el erario público del 80,1% en los próximos 25 años sobre el precio anual, y sucesivamente mayores pérdidas aún durante los restantes 50 años del contrato”.

Aparte, en su denuncia subrayan otros elementos “al menos indiciarios de una posible conducta irregular”, como que la justificación que hace el concurso público es “vaga y genérica, recogiendo únicamente la necesidad de dar uso al inmueble vacío”. Tampoco se establecen “los servicios que la concesionaria podrá subcontratar ni los términos en los que deberá hacerlo”. De este modo, se recoge una disposición “en blanco, que deja manos libres para realizar y disponer del edificio con plena libertad y sin sujeción real a ningún control durante 75 años”.