Ábalos pregunta al Gobierno si existe una “investigación extrajudicial” contra él o su familia y denuncia una estrategia de “acoso y derribo”

El exministro y exdirigente socialista José Luis Ábalos ha preguntado al Gobierno “si ha existido o existe una investigación extrajudicial” sobre su persona y ha cuestionado en este sentido al Ejecutivo si tiene conocimiento de que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) hayan rastreado sin aval judicial en las bases de datos sobre sus datos personales o familiares.

El ahora diputado adscrito al grupo Mixto, que recuerda su condición al formular las cuestiones al Ejecutivo del que en su día formó parte, recuerda el caso de la llamada “Policía Patriótica” y cómo se han desvelado nuevos datos sobre el espionaje al que supuestamente sometió a diputados de Podemos a cargo de una “unidad secreta” de la Policía.

Además, ha asegurado que desde el 2020 sufre “una campaña de acoso y derribo” vinculada a una “vulneración” del derecho a la vida privada por parte de “medios vinculados a la derecha mediática que suelen hacer referencia a fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que publican “datos y detalles” de su ámbito personal, como “domicilios, desplazamientos, alojamientos, celebraciones familiares”.

Ábalos ha dirigido hasta cinco preguntas al Gobierno, entre ellas, si se tiene conocimiento de consultas en bases de datos a las que puedan acceder las FCSE sobre sus datos personales o de sus familiares. En este sentido, ha solicitado un informe sobre dichas búsquedas en caso que se estén realizando.

También requiere, respecto a la instrucción del llamado “caso Koldo”, que provocó su salida del grupo socialista, aclaración sobre la remisión por parte de la Guardia Civil documentos incautados al que fue su asesor sobre su actividad política y vida privada sin ninguna relación con el caso y que se usan en una “campaña de acoso mediático” contra él.

“Sin transparencia, ni un cumplimiento riguroso de la ley y la protección de los derechos amparados por nuestra Constitución, no se puede hacer frente a una regeneración democrática efectiva a la vez que mantener la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de unas instituciones fuertes que favorezcan la convivencia y el desarrollo social”, ha expresado en un mensaje en la red social X.

El Caso Koldo es un escándalo de corrupción que involucra a miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), relacionado con el cobro de comisiones ilegales durante la pandemia para la adquisición de mascarillas. El pasado 21 de febrero, la Guardia Civil detuvo a 20 personas, aunque la mayoría fue liberada tras declarar.

El exasesor de Transportes, Koldo García, y otros implicados como su hermano José García, el empresario Víctor de Aldama y el titular de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, Íñigo Rotaeche, se encuentran bajo investigación con medidas cautelares. Las acusaciones incluyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según el juez Ismael Serrano.

La trama se inició en 2020, cuando García mediaba en contratos de material sanitario durante el auge de la pandemia. La Fiscalía destacó un incremento patrimonial significativo en García y su familia, incluyendo la compra de propiedades sin hipotecas. Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF, creó varias sociedades en Portugal para mover los beneficios obtenidos del esquema de corrupción.

Las investigaciones también señalaban al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue expulsado del PSOE pero manteniendo su acta de diputado. Ábalos figura como intermediario en la venta de 2,6 millones de mascarillas al Gobierno de Baleares, encabezado entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados.

*Información elaborada por Europa Press y Efe