Este lunes, los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Socialista y Sumar han registrado la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, que hará obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados por las distintas comunidades autónomas que hasta ahora era voluntaria. Este movimiento llega tras varias semanas de las negociaciones que culminaron con la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebró el pasado miércoles.
Los portavoces de los grupos parlamentarios de Colición Canaria, Cristina Valido; del PSOE, Patxi López, y de Sumar, Íñigo Errejón, han registrado esta propuesta en el Congreso de los Diputados. En la rueda de prensa posterior, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que el “mecanismo vigente de carácter voluntario no estaba haciendo frente al problema” y ha instado al Partido Popular a que facilite la aprobación de la modificación de la norma. Hasta ahora, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha tratado de evitar el tema.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que este nuevo sistema sí daría “respuesta” a la “realidad de emergencia y urgencia”. El ministro ha detallado que los migrantes menores no acompañados que llegasen a Canarias “serían derivados en un plazo de 15 días al resto de comunidades autónomas” ya que, actualmente, la región se encuentra en una situación extrema con “el doble de la ocupación” para la que está preparada. De manera que, los 4.000 menores no acompañados que están en las islas Canarias, y que sobrepasan la capacidad de la región, serán trasladados a las comunidades autónomas de destino en un plazo de 12 meses.
Los puntos clave de la reforma de la Ley
La idea principal del Gobierno es centralizar, a través de la gestión de un órgano competente de la Administración General del Estado, el traslado de estos menores en caso de que la primera comunidad autónoma a la que llegan haya sobrepasado el límite máximo de ocupación, algo que se ha podido ver en Canarias, y también en Ceuta y Melilla.
El máximo número de plazas disponibles en las islas sería de 2.000, mientras que en el caso de Ceuta sería de 88 y en Melilla de 166. Eso sí, el órgano en cuestión no podría entrar en acción hasta que se hubiera alcanzado una sobreocupación del 150%, es decir, de 3.000 plazas ocupadas en Canarias, 132 en Ceuta y 249 en Melilla.
Comunidades a favor y en contra
La Proposición de Ley también recoge que “los órganos competentes de las Comunidades Autónomas deberán realizar las actuaciones necesarias para garantizar la atención a los menores que deban ubicarse en su territorio en los plazos previstos por los criterios de aplicación aprobados en el seno de la Conferencia Sectorial” y, en caso de no hacerlo, “dará lugar a responsabilidades disciplinarias como infracción muy grave”.
Algunas autonomías ya han compartido públicamente su postura al respecto. La semana pasada Asturias y Extremadura se reafirmaban en su intención de respaldar esta medida de acogida solidaria. Sin embargo, a distribución que no ha gustado nada al consejero de Derechos Sociales de la Generalitat catalana, el cual no ha visto ni el suficiente orden ni la suficiente dotación económica como para mostrarse de acuerdo con la idea.
En un punto medio han quedado otras autonomías como el País Vasco o Castilla-La Mancha. Bárbara García, consejera manchega de Bienestar Social, ha expresado su apoyo a la reforma, pero ha subrayado la necesidad de que la financiación sea mayor, pues consideran que debe ser una acción conjunta asumida, en el aspecto económico, por el Gobierno español e incluso europeo.
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