Veintiséis fondos reclaman a España impagos a las renovables con más de 1.800 millones en juego

Este jueves 11 de julio, la Justicia belga ha autorizado el embargo de 32 millones de euros al Reino de España por los impagos de las renovables. Su cobro, en principio, se realizará por parte del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments. Se trata de un paso más de los tribunales internacionales en la guerra que libran los fondos tras ver cortada su retribución en energías renovables hace más de una década por el Gobierno de Mariano Rajoy. El caso belga no es el único al que se enfrenta el Gobierno español, ya que son 26 las firmas afectadas. Estas empresas, damnificadas por la retirada de las primas renovables, afirman que la suma de la compensación, intereses y costes legales se sitúa actualmente en torno a 1.800 millones de euros.

Los tribunales belgas se suman a los embargos autorizados por la Justicia británica, que reconocieron las deudas sobre varios bienes. Entre ellos se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, un inmueble valorado en alrededor de 6 millones de euros; la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, con un valor de mercado cercano a los 4 millones; el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la propiedad más grande en Londres, valorada en aproximadamente 15 millones; además de cuatro cuentas bancarias en Reino Unido que suman 800.000 euros. Destaca también el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 850 millones de euros, aunque el pedido de embargo contempla la intervención de aproximadamente 100 millones.

En el caso de Bélgica, estos embargos proceden de los ingresos que España obtiene a raíz de la gestión del control de su tráfico aéreo. Estos pagos son transferidos de manera mensual por Eurocontrol a la empresa pública española Enaire, encargada de la supervisión en esta materia. La Corte de Apelaciones de Bélgica señala que su código penal abre las puertas al embargo de activos de terceros países.

En el fallo del juez Degreef, encargado de instruir el caso, concluye que “el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado”. Considera asimismo que “no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables”. La deuda, por tanto, asciende hasta 32 millones de euros, sumando el laudo original (de 28 millones) a los más de 4 millones adicionales por los intereses de demora.

No obstante, desde el Gobierno señalan que el Reino de España “se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional”. Consideran que el fondo estadounidense contraviene el Derecho de la Unión Europea.

Cada 30 días, Eurocontrol desembolsa el pago derivado de las tasas de control y tráfico aéreo que recauda el operador Europeo. Estas tasas, abonadas por firmas como aerolíneas u operadoras y que repercuten sobre los precios de los billetes, ascendieron en 2023 hasta los 582 millones de euros. La cifra podría ascender en 2024, ya que el tráfico aéreo en Europa está aumentando a un ritmo de 5,4% interanual, por lo que podría rondar los 600 millones de euros en el ejercicio.

En total, 26 empresas y fondos reclaman indemnizaciones por los laudos ganados y no pagados por el Estado español, de quien siguen demandando una negociación para alcanzar un acuerdo que finalice la situación. Estos acreedores en búsqueda de pacto han contratado los servicios de la consultora especializada JS Held, con el objetivo de conocer los bienes en España en otras jurisdicciones donde poder cobrar este dinero.

No obstante, España se está oponiendo a varios de estos laudos y logrando su anulación en algunos territorios. Esta misma semana, el diario El Confidencial adelantaba que el Tribunal de Apelación de Svea, en Suecia, anuló el laudo emitido por el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC, por sus siglas en inglés), que había condenado al país a indemnizar con 48 millones de euros a dos fondos del gestor de infraestructuras Foresight en Luxemburgo, a dos de la italiana GWM Renewable Energy, y a Greentech Energy, ahora conocida como Athena Investment. Estas tres compañías habían invertido en parques fotovoltaicos en España.

El origen de este caso se remonta a mayo de 2007, cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aprobó las primas a las inversiones en renovables del 25%. Cuando le sucedió Mariano Rajoy, se redujeron estas primas de forma unilateral hasta el 7% en 2012. Los fondos decidieron entonces acudir a arbitrajes internacionales, principalmente el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

Algunos fondos estadounidenses han asumido las deudas de España para litigarlas en la justicia ordinaria. Un ejemplo es Blasket Renewable Investments, que en abril de 2023 activó la cláusula de default -impago técnico- sobre cuatro emisiones de deuda española por un total de casi 1.000 millones de euros. Sin embargo, el Tesoro español rechazó esta activación. El caso sigue latente, a la espera de que los fondos y el Gobierno español lleguen a un acuerdo que ponga fin a estos conflictos.