Vox usa el reparto de 347 niños migrantes como línea roja para romper con el PP pese a las cesiones en memoria democrática o violencia machista

Vox consumó este jueves su amenaza y rompió con el PP en las cinco comunidades donde gobiernan juntos: Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Murcia, y Castilla y León. La extrema derecha clavó su línea roja en la política migratoria y, después de que los de Alberto Núñez Feijóo aceptasen este miércoles el reparto de apenas 347 menores migrantes, Vox ha cortado con los populares en estas autonomías apenas un año después de que se empezasen a constituir los ejecutivos tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo de 2023. El de Castilla y León, creado en 2022, es el que más tiempo de vida tiene.

A última hora de la noche, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que el partido había decidido retirar el apoyo parlamentario a los populares y que sus vicepresidentes presentaran la dimisión para pasar a la oposición. Esta ruptura se extiende además a Baleares, donde sellaron un pacto para investir a la popular Marga Prohens.

Lo cierto es que la cifra acordada en el seno de la última conferencia sectorial de Tenerife entre el Gobierno y las comunidades no soluciona ni de lejos la presión que sufre Canarias por la presencia de hasta 6.000 niños migrantes llegados a este territorio. Por ello, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó el acuerdo como un “parche” al defender que la “única solución” para hacer frente a la sobrecarga migratoria de Canarias es hacer una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una reforma que está en el tejado del Génova.

Pero este “parche” fue la gota que colmó el vaso para los de Santiago Abascal después del órdago que lanzó a Feijóo a principios de esta semana contra la acogida de estos menores. La ruptura de estos gobiernos de coalición contrasta con las cesiones de los populares a las exigencias de la extrema derecha, especialmente en materia de memoria histórica, de igualdad, violencia machista o política lingüística. Estas concesiones también se han puesto en práctica en Baleares, donde Vox apoya desde fuera al gobierno popular de Marga Prohens, así como en los más de 135 ayuntamientos en los que gobiernan de manera conjunta.

Precisamente, el día que se materializó la decisión de romper los gobiernos, PP y Vox aprobaron en las Cortes valencianas la llamada Ley de Concordia, que deroga la ley de memoria democrática autonómica. En Aragón, ambas formaciones hicieron lo propio, pero el Constitucional anuló cautelarmente esta decisión. Asimismo, en Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) aseguró que aprobación de la Ley de Concordia, que sustituirá al Decreto de Memoria Histórica de 2018, es una “prioridad” tras el parón estival. En Baleares, PP y Vox también iniciaron los trámites para derogar la ley memorialista en un pleno convulso en el que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, rompió una foto de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell.

Cabe señalar que la ONU reprobó duramente estas normas, que ni siquiera nombran la dictadura franquista ni su responsabilidad por los crímenes cometidos. En su contundente informe, este organismo concluyó que las llamadas leyes de concordia “vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulnera los estándares internacionales y Tratados internacionales suscritos por España”. Asimismo, señaló que la violación a los DDHH detectada podría generar responsabilidad internacional del Estado español si no se actúa, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido que no consentirá.

Los postulados de Vox contra la violencia machista y la igualdad de género también han calado en los gobiernos regionales, asumiendo muchos de ellos en sus pactos de gobierno el mantra de la violencia intrafamiliar para referirse a la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Con motivo del aniversario de los gobiernos de coalición entre la derecha y la ultraderecha, el PSOE presentó el pasado lunes un mapa de la vergüenza en el que enumera los casos de desmantelamiento de las políticas de igualdad de género en las instituciones gobernadas por la alianza.

De los 131 casos contabilizados, algunos afectan a los ejecutivos autonómicos. Por ejemplo, la eliminación de la consejería de Igualdad en Extremadura, la retirada de unos talleres en Aragón sobre violencia machista por ser “meramente ideológicos”, o la supresión de la formación en violencia de género para los policías locales en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a los derechos del colectivo LGTBI, uno de los principales caballos de batalla de la formación de Abascal, PP y Vox han tenido varios encontronazos. Si bien, los populares no han puesto pie en pared a las actitudes homófobas expresadas por parte de los dirigentes de extrema derecha. Es más, en la Comunidad Valenciana, el PP echó un cable a Vox al impedir que se reprobara al vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, y a la consellera de Justicia, Elisa Núñez, por sus declaraciones homófobas, en las que negaban la discriminación que sufren las personas del colectivo.

En materia lingüística, PP y Vox pusieron en marcha un plan piloto de libre elección de lengua en las escuelas de Baleares, y aprobaron una nueva ley educativa en la que recuperan la doble línea en valenciano y castellano en los colegios. En Aragón, su presidente, Jorge Azcón, avanzó su intención de retirar al aragonés y al catalán el reconocimiento oficial de lenguas propias de la región.

Por otra parte, en esta región, PP y Vox aprobaron el impuesto a las energías renovables, mientras que Castilla y León recortó las subvenciones a sindicatos y patronal en Castilla y León, una acción que copiaron posteriormente Baleares y Extremadura. Asimismo, ambas formaciones eliminaron el premio contra los delitos de odio que llevaba el nombre del antifascista valenciano Guillem Agulló, asesinado en Castellón por un grupo fascista.