Las cuentas pendientes de Puigdemont con la Justicia tras el archivo del caso Tsunami

El regreso del exilio del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, parece lejos de hacerse realidad. Al menos en el corto plazo. El expresidente de la Generalitat celebró la vuelta de la secretaria general de Marta Rovira a España después de seis años huida en Suiza, así como la del diputado Ruben Wagernsberg tras el archivo del caso Tsunami en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. No obstante, el dirigente de Junts sabe que en su caso particular la senda judicial es más larga y complicada.

El líder posconvergente, al igual que el resto de líderes independentistas, habría conseguido que el Supremo archivase el delito de terrorismo, pero sobre Puigdemont pesan todavía otras causas judiciales que llevarían a su detención en caso de que pise suelo español.

El principal de los obstáculos es el delito de malversación de caudales públicos en el procés. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó el pasado 1 de julio aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas imputados por este delito. El magistrado defendió que la norma dicta expresamente que “no se amnistiarán los delitos que afecten a intereses financieros de la Unión Europea o que estos intereses financieros se hayan hecho en beneficio personal”.

El proceso está lejos de esclarecerse. Puigdemont recurrió la decisión ante el Supremo, pero, en caso de que las vías nacionales resultan fallidas, podría acudir posteriormente al Tribunal de Justicia Europeo, lo que demoraría el proceso durante meses.

Con la amnistía en vigor, el juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, rechazó también amnistiar al expresidente de la Generalitat y a los demás implicados, esta vez por la supuesta injerencia rusa en el procés usando fondos públicos, por lo que pidió al Tribunal Supremo que les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal.

La Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar en mayo la causa, argumentando que la había prorrogado sin justificación, pero Aguirre decidió en junio abrir una nueva pieza separada en el caso Volhov. Apuntó, entre otros, contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Puigdemont, y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

Según explica en unas declaraciones recogidas por EFE, Aguirre argumentó que la supuesta trama rusa no estaría amparada ya que la ley excluye aquellos actos que supusieran una “amenaza real y efectiva”, así como un “uso efectivo de la fuerza” contra la integridad territorial de España, lo que a su entender ocurrió con el procés.

Como respuesta el expresidente de la Generalitat presentó una querella por delitos de prevaricación y malversación contra el juez Aguirre, al obviar las directrices de la Audiencia de Barcelona e investigar ilegalmente las supuestas conexiones con Rusia.

Puigdemont, junto a su asesor Josep Lluís Alay y su abogado Gonzalo Boye ―ambos imputados en la causa―, piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que correspondería instruir la querella, investigar al magistrado. En el caso de que decidiese hacerlo, Aguirre sería apartado cautelarmente de la causa.