Sumar pide ahora dar marcha atrás con las compras de armamento israelí que aprobó junto al PSOE en el Consejo de Ministros: 1.200 M en juego

Sumar se ha unido finalmente al resto de los socios del PSOE para exigir a Pedro Sánchez que las Fuerzas Armadas cancelen todos los programas armamentísticos que estén vinculados, tanto de forma directa como indirecta, con la industria militar israelí. De esta manera, la formación creada por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dado su visto bueno al proyecto de ley que pone en riesgo costosos proyectos del Ministerio de Defensa -que ascienden aproximadamente a los 1.225 millones de euros-, todos ellos autorizados en distintas reuniones del Consejo de Ministros y, por lo tanto, con la presencia de los cinco ministros de Sumar.

En concreto, la iniciativa, que también cuenta con las firmas de Podemos, ERC, EH Bildu y BNG, señala la necesidad de reformar la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso con el propósito de introducir la figura del embargo, medida que los partidos a la izquierda del PSOE vienen reclamando al Gobierno desde que estalló la guerra en Gaza.

De salir adelante el proyecto de ley, se cancelaría de forma “automática, inmediata e indefinida en el tiempo” toda venta de armas a Israel, por haber sido demandado ante un tribunal internacional por un crimen de genocidio o de lesa humanidad, requisitos que establece la legislación que se pretende aprobar. El Gobierno, no obstante, ha asegurado en más de una ocasión ya está vigente desde el pasado octubre, cuando comenzó el conflicto.

Además, la propuesta de los apoyos parlamentarios del PSOE establece que un supuesto embargo también implicaría “la prohibición de toda importación” de armas y repuestos para estas procedentes del país afectado por el mismo. Del mismo modo, impediría el tránsito por territorio español de material militar con destino el estado embargado, en clara referencia a la polémica generada, a mediados de mayo, con dos buques que presuntamente transportaban armamento hasta Israel.

“Necesitamos que haya un avance en torno a nuestra legislación que permita que seamos más garantistas en la compra y venta de armas y la participación que tienen estas en conflictos que vulneran de forma clara los derechos humanos”, ha asegurado este jueves la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aida Vidal. La diputada ha señalado igualmente que su formación nunca dudó en apoyar este proyecto, pese a que hasta ayer no era seguro que se Sumar se uniera al resto de grupos políticos.

El departamento que lidera Margarita Robles está inmerso en cuatro programas armamentísticos que depende de tecnología desarrollada por empresas armamentísticas de Israel. Uno de los más importantes, especialmente para el Ejército de Tierra, es la compra de un nuevos sistema lanzacohetes, transacción que el Consejo de Ministros avaló en 2023. El proyecto, denominado Silam, cuenta con un presupuesto de 697,5 millones de euros y está siendo ejecutado por las empresas locales Escribano y Expal. La propuesta que presentaron las dos firmas se basa en el sistema israelí Puls, fabricado por la compañía Elbit Systems.

Asimismo, días antes de que estallara la guerra en Gaza, el Consejo de Ministros dio luz verde a un presupuesto de 285 millones de euros para la compra de hasta 1.600 misiles antitanque Spike LR2 que serán repartidas entre el Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. Si bien este armamento es un diseño de la compañía israelí Rafael, el mismo será fabricado, transferencia de tecnología mediante, en España por un grupo de empresas locales liderado por Pap Tecnos, filial de Rafael.

Defensa también ha invertido 36 millones de euros en radios E-Lynx para los tanques Leopard. Las mismas están siendo suministras por Telefónica y Aicox, empresas que han suscrito una alianza industrial con la ya mencionada Elbit Systems, fabricante original de las radios. Finalmente, el Ejército del Aire ha destinado 207 millones de euros a pods de designación láser para los nuevos 45 cazas Eurofighter encargados a la empresa Airbus. Estos pods, contratados con la firma Rafael, mejorarán las capacidades de combate de las aeronaves españolas.