Vox ha dado por rotos los acuerdos autonómicos con el Partido Popular, formación con la que gobierna en coalición hasta en cinco comunidades autónomas, además de alcaldías repartidas en todo el territorio nacional. La formación que lidera Santiago Abascal argumenta que el acuerdo entre la formación de Alberto Núñez Feijóo y el Gobierno Central por la reubicación de 347 menores migrantes alojados temporalmente en Canarias significa traspasar una línea roja en la alianza que mantienen desde las elecciones autonómicas.
En este sentido, Abascal ha convocado una reunión de urgencia con sus socios prevista para esta tarde con la finalidad de “acordar los próximos pasos”. “No seremos cómplices de robos, violaciones y machetazos”, ha afirmado el líder de Vox, quien ha hecho del discurso anti migratorio su bandera desde el nacimiento de la formación.
“No hay amenaza que valga”, ha contestado en una entrevista para RNE el portavoz de los populares Borja Sémper, ante las reiteradas arriendas de Abascal, quien les ha acusado de traición. “Canarias es España y los Canarios merecen la solidaridad”, ha sentenciado Sémper, que ha añadido que habrá que ver que se decide finalmente esta tarde en el Comité Ejecutivo de Vox.
El PP acordó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este miércoles en Canarias el reparto mínimo de menores ―347, a pesar de que se necesitaría reubicar a unos 2.000― para aliviar la presión de Canarias, que actualmente se encuentra colapsada con 6.000 menores, pero ha pospuesto la reforma de la Ley de Extranjería para la acogida para otro momento, al argumentar que no han tenido el tiempo suficiente para estudiar la propuesta del Gobierno.
¿Fin al matrimonio PP-Vox?
PP y Vox mantienen acuerdos en cinco gobierno autonómicos, siendo Castilla y León el primer pacto que incluyó a la ultraderecha, ante la imposibilidad de gobernar en mayoría absoluta. Aquel acuerdo incluyó, entre otros puntos, la vicepresidencia en la Junta de CyL para el diputado de Vox Juan García-Gallardo, quien no ha ocultado en ningún momento su posición xenófoba frente a la población musulmana que vive en la comunidad autónoma.
También llegaron a acuerdos en Aragón para investir al popular Jorge Azcón, gracias a la mayoría absoluta cosechada con los votos de los 28 diputados del PP y el apoyo de los siete de Vox. El acuerdo establecía que Vox asumiría dos consejerías.
En la Comunitat Valenciana, Carlos Azcón se prepara ahora para gobernar en minoría, ante una posible retirada de Vox ―que asume actualmente la vicepresidencia de la Generalitat con Vicente Barrera―. A la espera de una decisión final, Azcón y Barrera han querido mostrar una buena sintonía y aparentar “normalidad”.
En Extremadura, la dirigente autonómica del PP María Guardiola llegó a decir que “no dejaría entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista”, así como a quienes “deshumanizan” a los inmigrantes o “colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI”, pero finalmente entró en el gobierno gracias a la coalición con Vox, a quien se le entregó la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural.
El partido ultra consiguió, in extremis, entrar en el gobierno de la Región de Murcia al conseguir la cartera de Fomento y la de Seguridad, Interior y Emergencias; a pesar de que la formación reclamó la de Agricultura, que finalmente fue a parar al PP de Fernando López Miras.
En Baleares fue necesaria la abstención de la ultraderecha para la investidura de Marga Prohens. Aunque sí fue necesario el apoyo, Vox no acabó formando parte del Ejecutivo.