Marlaska gastará 13,5 millones de euros en traductores para las investigaciones de la Policía Nacional y para los CIE

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, autorizó este martes la celebración de un contrato para el servicio de interpretación en la Policía Nacional, así como en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y Centros de Atención Temporal de Extranjeros, con un valor estimado de 13.5 millones de euros.

En concreto, la licitación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska planteará el servicio de interpretación de declaraciones orales y traducciones escritas, en lenguas distintas del castellano, “en el marco de actuaciones e investigaciones de las distintas unidades de la Policía Nacional en el ámbito de diferentes comunidades autónomas”, según el anuncio reflejado en la referencia del Consejo de Ministros.

También, el contrato contempla la presencia de intérpretes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) existentes, “o que se puedan crear en el futuro, destinadas a atender las necesidades producidas por inmigrantes en situación irregular en el territorio español”, añade la nota.

A la espera de que se redacte el pliego de condiciones, cabe recordar que en agosto del año pasado, Interior adjudicó otra licitación para la interpretación y traducción de idiomas en el marco de actuaciones de Policía Nacional, así como en Centros de Internamiento y de Atención Temporal de Extranjeros, en distintas Comunidades Autónomas. En concreto, la oferta adjudicó a Ofilingua S.L, una empresa granadina, los servicios prestados en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León, Andalucía, Extremadura y Canarias, así como ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, el pasado 19 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio del Interior una gran licitación para contratar traductores para sus investigaciones y escuchas telefónicas. El valor estimado de la oferta asciende hasta los 39.7 millones de euros y se empleará también en el marco de las actuaciones policiales e investigaciones de las distintas unidades de la Policía Nacional.

La creación de un Registro de traductores e intérpretes independientes y cualificados, como así lo establece la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sigue siendo una cuenta pendiente en España. Esta iniciativa legal, tal como exige la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ), está relacionada con el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

La reivindicación viene de lejos a pesar de que la Ley Orgánica 5/2015 incluyó la previsión de crear, “en el plazo máximo de un año desde la publicación de esta Ley”, un Proyecto de ley de creación de un Registro Oficial de Traductores e Intérpretes judiciales para “la inscripción de todos aquellos profesionales que cuenten con la debida habilitación y cualificación, con el fin de elaborar las listas de traductores e intérpretes a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

La directiva europea en esta materia tiene por objeto establecer normas relativas a los derechos en los procesos penales y en los procedimientos correspondientes a la ejecución de una orden de detención europea, “con el fin de garantizar una asistencia lingüística gratuita y adecuada, que permita a los sospechosos o acusados que no hablen o no entiendan la lengua del proceso penal, el pleno ejercicio del derecho a la defensa, que salvaguarde la equidad del proceso”.